Campaña presidencial de Gustavo Petro deberá pagar más de $5.000 millones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en claro la sanción por más de 5.000 millones de pesos impuesta a los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, tras concluir que se sobrepasaron los topes legales de financiación tanto en primera como en segunda vuelta.

La decisión fue oficializada este 4 de marzo con la radicación de una ponencia que rechazó los recursos presentados por la defensa. Los magistrados encargados del estudio opinaron que no existían fundamentos para declarar la nulidad del proceso ni para cambiar las multas impuestas en noviembre de 2025, cuando la sala plena votó seis a tres a favor de sancionar a los responsables financieros de la contienda.

Las sanciones afectan sobre Ricardo Roa Barragán, quien fue gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora interna en la primera vuelta. Solo por esa etapa, la multa asciende a 2.252 millones de pesos. A ello se le agregó una sanción solidaria por 2.447 millones por nuevas irregularidades detectadas en los informes de ingresos y gastos.

En cuanto a la segunda vuelta presidencial, el CNE estableció 627 millones de pesos por financiación prohibida y otros 596 millones por superar los límites establecidos por la ley electoral. En total, el monto supera los 5.000 millones de pesos.

La defensa reiteró en que no hubo violación de topes y sustentó presuntas fallas administrativas en el trámite sancionatorio. Sin embargo, el tribunal electoral rechazó esos planteamientos y ratificó que las pruebas recopiladas muestran la infracción de las normas sobre financiación política.

A la vez, el movimiento Colombia Humana optó por renunciar al recurso de reposición y allanarse a la sanción, lo que permitirá continuar en el pago correspondiente y evitar mayores controversias jurídicas. El caso también se incluye al Partido Unión Patriótica, que fue notificado dentro del mismo proceso.

Con ese dictamen, el CNE reafirma su papel de control sobre el financiamiento electoral y deja claro nuevamente que esta es una de las sanciones más altas impuestas a una campaña presidencial en el país. 

La decisión deja ahora la mira puesta en las eventuales consecuencias políticas y judiciales que puedan salir del caso, especialmente por la remisión de copias a la Comisión de Acusación de la Cámara.

Mientras los involucrados examinan los caminos legales que aún podrían explorar, el fallo del CNE se convierte en un precedente relevante sobre los límites del financiamiento electoral y la responsabilidad de quienes administran los recursos en una campaña presidencial.