Judicializan a exviceministro de Defensa por millonario contrato de helicópteros MI-17

El exviceministro de defensa, Luis Edmundo Suárez Soto fue judicializado por su presunta participación en irregularidades en un contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de “falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal”.

El caso se centra en un acuerdo firmado a finales de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares para el mantenimiento y la compra de repuestos de estas aeronaves. Según la investigación de un fiscal especializado contra la corrupción, el exviceministro de Defensa habría direccionado el contrato sin tener la autoridad para hacerlo.

En ese sentido, la Fiscalía señala que, Suárez Soto habría impulsado que el contrato se adjudicara mediante una modalidad de contratación directa para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense.

“Los elementos materiales probatorios indican que, presuntamente, ordenó adelantar la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense que no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera requerida”, así lo detalló la Fiscalía.

Además, el exviceministro habría participado en reuniones para modificar algunos requisitos del proceso, mantenido contacto directo con los contratistas y realizado gestiones ante la Aeronáutica Civil para agilizar un trámite necesario para la ejecución del contrato.

La investigación también explica que el entonces funcionario conocía informes técnicos y jurídicos que advertían posibles incumplimientos por parte de la empresa contratista.

Millonario anticipo bajo la lupa

Otro de los aspectos que llama la atención, es la modificación en la forma de pago del contrato, que permitió autorizar un anticipo del 50 % de su valor.

Como resultado de ese cambio, el 15 de abril de 2025 fueron desembolsados 16.231.700 dólares, aunque, según la investigación, hasta ese momento solo se habían ejecutado trabajos por cerca de 2,6 millones de dólares.

Tras declararse el incumplimiento del contrato, las autoridades indicaron que aún está pendiente el reintegro de más de 13 millones de dólares.

Durante la audiencia de imputación de cargos, el exviceministro de Defensa no aceptó los cargos mientras continúa el proceso judicial en su contra.