Alerta nacional: el peligroso borrador del gobierno Petro que flexibilizaba las construcciones sismo resistentes

Un proyecto de decreto impulsado durante las últimas semanas del gobierno de Gustavo Petro generó preocupación entre expertos en ingeniería estructural por los posibles cambios en los parámetros para diseñar edificaciones resistentes a los terremotos.

Un decreto que generó preocupación entre expertos

La iniciativa del gobierno Petro buscaba establecer como referencia obligatoria el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica, desarrollado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) junto con la fundación Global Empowerment Mission (GEM).

El proyecto de decreto del gobierno Petro fue sometido a consulta pública entre el 21 de julio y el 4 de agosto y llegó a la Presidencia el 6 de agosto. Sin embargo, su trámite quedó detenido en medio del cambio de gobierno y del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto.

Actualmente, las construcciones en Colombia se rigen por la Norma Sismo Resistente (NSR-10), vigente desde 2010. Según expertos que analizaron la propuesta, el nuevo esquema podía reducir algunos de los parámetros utilizados para calcular la resistencia de las edificaciones ante movimientos sísmicos fuertes.

Gabriel Bernal, profesor de la Universidad Nacional, explicó que una reducción en estos coeficientes habría llevado a diseñar estructuras para soportar fuerzas sísmicas menores y por lo tanto, con una menor capacidad de respuesta ante futuros terremotos.

Daniel Mauricio Ruiz, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, también cuestionó la propuesta. Según señaló, trabajar con fuerzas horizontales inferiores podría permitir reducir el tamaño de vigas y columnas o utilizar menos acero, disminuyendo la capacidad de las estructuras y aumentando el riesgo de daños o colapso.

La propuesta quedó en pausa y abrió un debate técnico

El proyecto también generó cuestionamientos sobre su alcance técnico y jurídico. Bernal criticó que se pretendiera establecer un único modelo oficial de amenaza sísmica, dejando por fuera los aportes de universidades y consultores privados.

El experto además señaló dudas sobre el marco legal utilizado, pues el borrador pretendía reglamentarse bajo la Ley 1523 de 2012, mientras que la Ley 400 de 1997 establece el marco relacionado con las normas de construcción sismorresistente.

A esto se sumaron observaciones administrativas, entre ellas la ausencia de la firma del Ministerio de Vivienda en el documento, que sí contaba con las rúbricas del entonces ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y de la exdirectora del Dapre, Nhora Mondragón.

El terremoto del 10 de agosto volvió a poner el tema en el centro del debate. Para los expertos críticos de la iniciativa, reducir las exigencias después de una emergencia de esta magnitud podría aumentar la vulnerabilidad de las edificaciones.

Con el cambio de gobierno, encabezado por Abelardo De La Espriella, es poco probable que el proyecto sea expedido en los términos planteados por la administración anterior.