Defensoría del Pueblo exige protección para comunidades desplazadas en Chocó por violencia

En un reciente pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno Nacional, departamental y local que tomen medidas inmediatas para brindar asistencia y protección a 357 personas pertenecientes a 102 familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el departamento de Chocó debido a los enfrentamientos violentos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el 'Clan del Golfo'.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha expresado su profunda preocupación por esta situación, señalando que este es el cuarto episodio de emergencia humanitaria que afecta a la zona en lo que va del año. Además, la Defensoría había emitido previamente una alerta temprana en 2022 advirtiendo sobre posibles violaciones a los derechos humanos y los riesgos que enfrentaban los habitantes de estas comunidades. 

"Es importante resaltar que esta es la cuarta ocasión, en lo corrido del año, que esta zona es afectada por una emergencia humanitaria relacionada con enfrentamientos entre grupos armados ilegales", señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.

Las comunidades afrocolombianas más afectadas por el desplazamiento son las de los caseríos de Barranconcito, Buenas Brisas y San Agustín. Estas familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares, sus fuentes de sustento y sus medios de vida debido a la escalada de violencia entre los grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo enfatiza la necesidad urgente de proporcionarles ayuda humanitaria, alojamiento, alimentos y atención médica.

En el llamado de la Defensoría del Pueblo a los grupos armados ilegales se les pide respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, y detener cualquier acción que afecte a las comunidades que residen en esta región del departamento de Chocó. El impacto negativo de los enfrentamientos armados en estas comunidades vulnerables es evidente, ya que se ven sometidas a un desplazamiento forzado, lo que pone en riesgo su seguridad, bienestar y derechos fundamentales.

“Reiteramos el llamado a estos grupos armados ilegales a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos y dejar por fuera de sus acciones bélicas a las comunidades que habitan esta zona del departamento del Chocó”, resaltó el Defensor del Pueblo.

En un esfuerzo por abordar estos graves incidentes y otros problemas que afectan a las comunidades en todo el país, la Defensoría del Pueblo ha programado una audiencia defensorial en la capital departamental de Quibdó el 23 de junio. Durante esta audiencia, se presentará un informe detallado sobre la situación de los derechos humanos relacionados con los confinamientos y los desplazamientos forzados de comunidades en Colombia.