El Estado será el encargado de pagar a víctimas de masacre en Bojayá

Diecisiete años después, el Tribunal Administrativo de Chocó condenó al Estado por lo sucedido en Bojayá.

Vie, 10 / May / 2019 11:04 am

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Los hechos se presentaron durante el gobierno de Pastrana. Foto: Twitter

Los hechos se presentaron durante el gobierno de Pastrana. Foto: Twitter

Vie, 10 / May / 2019 11:04 am

Diecisiete años después, el Tribunal Administrativo de Chocó condenó al Estado por lo sucedido en Bojayá.

Hace diecisiete años se dio una batalla campan entre un grupo paramilitar y las FARC, en el cual esta última guerrilla mencionada, lanzó un cilindro bomba en una Iglesia que era el lugar donde se resguardaban las personas para no caer en medio de los ataques.

En ese momento, debido al detonante, se ocasionó la muerte a más de 119 personas y a eso se le sumó el desplazamiento forzado de las personas que quedaron vivas, algunas sin familiares.

Sin importar que haya sido la entonces guerrilla de las FARC, el Tribunal Administrativo de Chocó dictó sentencia que condena al Estado por los sucesos presentados aquel 2 de mayo del 2002.

La sentencia se lee que "para la Sala se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual del Estado (...) de los hechos acaecidos el 2 de mayo del 2002 en el medio Atrato, que trajeron consigo el desplazamiento de la población y la muerte de varias personas, generado por la omisión de las entidades demandadas en dispensarle seguridad y protección a los habitantes, y en tanto no reaccionaron positiva y activamente frente a los avisos de posibles desplazamientos, saqueos y muertes".

La indemnización que deberá pagar el Estado será de 312.564 millones de pesos para reparar a las más de 1.100 personas desplazadas que dejó este lamentable suceso.

Los encargados de interponer la demanda en agosto del 2002 fueron un grupo de habitantes pertenecientes a dicho municipio liderados por Yenmin Cuesta Valecia, María Nuris Palacios Largacha, Rodolfo Lemus Rivas y Zair González Palacios a los cuales fue la magistrada Norma Moreno Mosquera la delegada para dar el fallo.

Los pertenecientes a dicha comunidad, culpan al Estado por su desplazamiento, pues aseguran que tanto Naciones Unidas como la Defensoría del Pueblo, habían alertado al Gobierno de que grupos paramilitares habían entrado al municipio y podría desencadenar en enfrentamientos con el grupo de las FARC y el Tribunal respalda esto, asegurando que 10 días antes ya se auguraba dicha guerra.

Juliana Palomino Colombia.com Vie, 10 / May / 2019 11:04 am

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