Gobierno suspende cobro de energía en ocho departamentos golpeados por las lluvias

Las familias que resultaron afectadas por las fuertes lluvias y emergencias climáticas registradas en varias regiones del país tendrán un respiro en sus facturas de energía. El Gobierno nacional decidió suspender temporalmente el cobro de este servicio en ocho departamentos que hacen parte de la declaratoria de emergencia económica.

La medida quedó establecida en el Decreto 0214 de 2026, firmado el pasado 5 de marzo por el Ministerio de Minas y Energía. Según el documento, los usuarios cuyas viviendas resultaron afectadas por inundaciones o daños estructurales no deberán pagar las facturas correspondientes a consumos posteriores a la declaratoria de emergencia, mientras sus hogares no cuenten con condiciones seguras para recibir nuevamente el servicio.

El alivio aplica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, zonas donde las lluvias han provocado afectaciones tanto en la infraestructura eléctrica como en miles de viviendas. En estas regiones, muchas familias aún enfrentan pérdidas materiales y dificultades para recuperar la normalidad.

Además de suspender el cobro de nuevas facturas, el decreto establece medidas para manejar las deudas que ya existían antes de la emergencia. Las empresas prestadoras del servicio deberán ofrecer acuerdos de pago que permitan diferir esas obligaciones en plazos mínimos de 12 meses.

En algunos casos, el tiempo para cancelar las deudas podría ampliarse hasta 36 meses, especialmente cuando los daños estén relacionados con equipos eléctricos o acometidas domiciliarias que deban ser reemplazadas. Uno de los puntos clave de la medida es que estos acuerdos no generarán intereses, con el fin de evitar que las familias damnificadas acumulen nuevas cargas económicas.

El Gobierno aseguró que el objetivo es brindar un alivio inmediato a quienes atraviesan momentos difíciles a causa de la emergencia climática. La prioridad, según explicó el Ministerio de Minas y Energía, es que las familias puedan concentrarse en recuperar sus viviendas y estabilizar su situación sin preocuparse por el pago del servicio eléctrico.

Sin embargo, este tipo de medidas también despierta inquietudes dentro del sector energético. Experiencias anteriores, como la opción tarifaria aplicada durante la pandemia, dejaron saldos pendientes que posteriormente terminaron reflejándose en las facturas de los usuarios.

Mientras tanto, las empresas distribuidoras de energía también enfrentan un panorama complejo. De acuerdo con datos del sector, las deudas acumuladas en el sistema eléctrico ya superan los billones de pesos, una situación que mantiene en alerta a las compañías encargadas de garantizar el suministro en todo el país.

A pesar de estos retos, el Gobierno insiste en que el decreto busca responder a una situación excepcional y proteger a las comunidades más afectadas por la emergencia.