El caso sigue: Familia de Valeria Afanador pide imputar cargos a la rectora del colegio

El caso de Valeria Afanador sigue dando de qué hablar en Colombia, teniendo presente que sus familiares han estado tomando medidas contra la Fiscalía, con la intención de que este ente tome la determinación de entablar acciones legales contra ciertas personas. Ante esto, en las últimas horas, se reveló que los afectados tras el fallecimiento de esta menor de edad, tomaron la decisión de ratificar una solicitud de imputación de cargos contra la rectora del colegio Gimnasio Campestre los Laureles, Sonia Inés Ochoa.  

Como si fuera poco esto, la familia de Valeria Afanador también pidió estas acciones legales para dos docentes de la institución, dejando en claro sus señalamientos por los delitos de homicidio agravado en modalidad dolosa, por su presunta responsabilidad en los hechos. De la misma manera, la rectora del Gimnasio Campestre los Laureles, Sonia Inés Ochoa, también sería señalada ante la Fiscalía por estos delitos.  

De la mano del abogado Julián Quintana, la familia de Valeria Afanador resaltó que se cuentan con los elementos probatorios para entablar esta petición contra el Gimnasio Campestre los Laureles. Con esta decisión, esperan que la Fiscalía pueda tomar estas medidas legales, con la intención de seguir avanzando con estas investigaciones tras el fallecimiento de esta menor de edad, la cual fue hallada sin vida a las cercanías de esta institución educativa.  

Petición ante la Fiscalía  

En medio de una de sus últimas intervenciones, el abogado de la familia de Valeria Afanador comentó “en particular, se evidencia que Sonia Ochoa, en su condición de rectora y máxima autoridad institucional, omitió garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control, tolerando fallas estructurales en los protocolos de protección de los estudiantes, falencias que eran de su total conocimiento”.

Por último, Julián Quintana habló sobre la presunta responsabilidad de los docentes en el fallecimiento de Valeria Afanador. “Emely Viviana Fuentes Hernández, como docente, incumplió sus deberes funcionales de vigilancia y control respecto de la menor, permitiendo su salida del aula sin activar oportunamente los mecanismos de protección exigibles. Finalmente, Diego Orlando Pinzón Perilla, también docente, advirtió una situación anómala, la presencia de la menor fuera de su salón en horario no autorizado. En los tres casos, el material probatorio existente permite afirmar razonablemente que tenían el deber jurídico de actuar, debían hacerlo y no lo hicieron”.