Estos son los dos delitos por los que la Fiscalía investigará a Uribe Vélez por vínculos con las AUC

La Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con la conformación y actuación de grupos paramilitares en Antioquia. El proceso incluye su citación a indagatoria y está a cargo de la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Gloria Marcela Abadía Cubillos.

De acuerdo con la decisión del ente acusador, la investigación busca esclarecer posibles responsabilidades en hechos ocurridos durante la década de los noventa, entre ellos las masacres de La Granja y El Aro, así como el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. También se indaga sobre la presunta creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que habría tenido como punto de origen la Hacienda Guacharacas.

Según la resolución, los delitos que se imputarían al exmandatario Uribe son concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. El caso está enmarcado dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, lo que implica que no prescribe y puede ser investigado sin límite de tiempo.

La Fiscalía indicó que la investigación retoma una línea abierta en el año 2000, que en su momento fue archivada. Posteriormente, nuevas declaraciones de exintegrantes de grupos paramilitares permitieron reactivar el proceso, al señalar posibles vínculos entre los hermanos Uribe Vélez y estructuras armadas ilegales que operaban en Antioquia.

En el documento también se menciona que, de manera preliminar, existirían indicios de un posible nexo entre el entonces gobernador de Antioquia y el grupo paramilitar conocido como Bloque Metro. Según la hipótesis de la Fiscalía, habría existido una participación en acuerdos orientados a promover la conformación de esta organización.

En relación con las masacres de Ituango, la investigación plantea que el entonces mandatario departamental habría tenido conocimiento del riesgo que enfrentaba la población civil ante incursiones paramilitares, sin que se hubieran adoptado medidas suficientes para prevenir los hechos. Estas acciones dejaron víctimas mortales, desplazamientos forzados y destrucción de viviendas en la región.

Asimismo, el caso incluye el asesinato de Jesús María Valle, quien había denunciado presuntos vínculos entre autoridades, fuerza pública y grupos paramilitares. La Fiscalía evalúa si existió alguna relación indirecta en la determinación de este crimen, a partir de testimonios y antecedentes judiciales recopilados.

Como parte del proceso, se ordenó la práctica de nuevas pruebas y la toma de declaraciones a exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, así como a otros actores mencionados en investigaciones previas, con el fin de ampliar la información sobre los hechos.

La apertura de esta investigación se produce en un contexto político relevante, a pocos días de la segunda vuelta presidencial en el país, lo que ha generado atención pública sobre el desarrollo del caso. Mientras avanza el proceso, la Fiscalía continuará recopilando elementos probatorios para determinar si hay mérito para formular cargos o adoptar decisiones judiciales en contra del exmandatario.