Corrupción en ICBF La Guajira: Imputan a exfuncionarios por millonario desvío en alimentos

La Fiscalía General de la Nación reveló un posible entramado de corrupción que habría desviado recursos destinados a la atención de la primera infancia y de mujeres gestantes en comunidades rurales y grupos étnicos de Riohacha y Manaure, en La Guajira.

Según la Fiscalía, al parecer varios exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) estarían involucrados en la aprobación de pagos con sobrecostos a una asociación privada contratista. Los señalados son Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas.

Por su parte, los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera serían los responsables de suministrar productos como carnes, verduras y otros alimentos, así como de gestionar los documentos que habrían permitido inflar los costos de los contratos.

Contratos con sobrecostos y detrimento patrimonial

“Los hechos irregulares que se les atribuyen están relacionados con tres contratos suscritos por la seccional La Guajira del ICBF con una asociación privada entre febrero y diciembre de 2019, que tenían por objeto la atención de población vulnerable, incluyendo el componente de alimentación, con un enfoque diferencial”, detalló la Fiscalía.

Entre los elementos probatorios, se encontró que Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas, en sus funciones de supervisores de los contratos, “habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista, representada por Barliza Rivera”.

Estos hechos estaban sustentados con facturas y cuentas de cobro a nombre de Pérez Romero, Mengual Rivera y Romero Pinilla. Los documentos tenían registros de incrementos en el valor de los artículos y raciones, los cuales presuntamente habrían sido utilizados por Barliza Rivera para inflar los informes financieros ante el ICBF y, de esta manera, solicitar el reembolso de más dinero.

Con este aumento en el costo del servicio de suministro de alimentación se generó un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.

En consecuencia, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira les imputó a los implicados los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, de acuerdo con su posible participación individual.

El caso sigue en proceso de judicialización mientras las autoridades buscan esclarecer el alcance total de las irregularidades.