“Prometí que no molestaría”: la respuesta de Gustavo Petro al agradecimiento de Álvaro Uribe Vélez por traslado de su hermano

En un episodio que ha captado la atención del país por la inusual cordialidad entre dos figuras políticas opuestas, el presidente Gustavo Petro autorizó el traslado de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, a una guarnición militar. 

Este hecho, que ocurrió en medio de un clima de alta polarización tras las pasadas elecciones, dio pie a un intercambio de mensajes en redes sociales que ha sido interpretado por analistas como un ejercicio de respeto institucional.

El exmandatario Álvaro Uribe, a través de su cuenta de X, hizo pública la novedad y extendió un agradecimiento al Gobierno Nacional. "Agradezco al Gobierno Nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El General Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, me informó que el Presidente Petro aceptó las razones invocadas. Muchas gracias", escribió el expresidente. 

En su misiva, Uribe también reiteró que, a pesar de este gesto, sus abogados continuarán trabajando en la búsqueda de "pruebas sobrevinientes" con el fin de revertir la condena que pesa sobre su hermano, la cual calificó como una "enorme injusticia".

Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió al trino de Álvaro Uribe de manera contundente, enfatizando el cumplimiento de sus compromisos políticos. "Prometí respetar a la oposición y no actuar con venganza. Prometí que no molestaría a la familia del presidente Uribe o a él en mi gobierno. Cumplí", sentenció el jefe de Estado.

Contexto del caso: ¿Quién es Santiago Uribe y por qué fue condenado?

El traslado de Santiago Uribe a una guarnición militar se da después de un largo proceso judicial que culminó en una condena definitiva. Santiago Uribe Vélez fue hallado culpable por la Corte Suprema de Justicia de ser coautor de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, bajo la figura de crímenes de lesa humanidad.

La investigación se centró en su presunta vinculación con el grupo paramilitar conocido como “Los Doce Apóstoles”, que operó en el norte de Antioquia durante la década de los 90. Según lo establecido en la sentencia, el grupo armado perpetró asesinatos selectivos contra personas a quienes señalaban como colaboradoras de guerrillas o "indeseables" en la región. 

Tras varios años de litigio, donde incluso hubo una absolución en primera instancia en noviembre de 2024, el Tribunal Superior de Antioquia revirtió dicha decisión, ratificando años después su culpabilidad, pena que fue finalmente respaldada por la Corte Suprema al rechazar los últimos recursos presentados por la defensa.

La condena impuesta es de 28 años y tres meses de prisión. El beneficio de ser trasladado a una guarnición militar, en lugar de un centro penitenciario común, suele otorgarse cuando existen riesgos extraordinarios para la seguridad del recluso, una condición que fue evaluada y aceptada por el Ministerio de Defensa bajo la administración de Gustavo Petro.