Ministerio de la Igualdad será liquidado el 20 de junio tras fallo de la Corte Constitucional

El Ministerio de la Igualdad y Equidad dejará de funcionar el próximo 20 de junio de 2026, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que le dio origen. La decisión del alto tribunal se basó en la ausencia de aval fiscal, un requisito indispensable para la creación de entidades públicas en Colombia.

Aunque la Corte había otorgado un plazo al Gobierno para corregir los errores y tramitar nuevamente la iniciativa ante el Congreso, este proceso no avanzó a tiempo. Esto dejó sin sustento jurídico a la cartera, obligando a su cierre definitivo en la fecha establecida.

Durante su funcionamiento, el ministerio fue liderado por varias figuras, entre ellas la vicepresidenta Francia Márquez y posteriormente por otros tres funcionarios. Sin embargo, su gestión también estuvo marcada por cuestionamientos relacionados con la ejecución de recursos y controversias administrativas.

Liquidación en marcha y preocupación por el futuro laboral

Ante el fallo judicial, la entidad activó un plan de cierre que incluyó la finalización de actividades internas, la entrega de informes de gestión y la reorganización administrativa. En los días previos al cierre, se adelantó la transferencia de bienes, documentos y equipos, como parte del proceso de liquidación.

El fin del ministerio genera incertidumbre tanto en el ámbito social como laboral. Cerca de 600 funcionarios podrían quedar sin empleo, lo que ha provocado protestas y reclamos por parte de los trabajadores, quienes aseguran no tener claridad sobre su futuro.

Además, varios programas y dependencias que estaban bajo la responsabilidad de esta cartera quedarían en el aire o tendrían que ser trasladados a otras instituciones del Estado. Entre ellos, iniciativas enfocadas en mujeres, jóvenes y personas en condición de discapacidad.

La desaparición del Ministerio de la Igualdad representa un revés para las políticas de inclusión que buscaban fortalecer la atención a poblaciones vulnerables. Aunque el Gobierno intentó mantener la entidad, los tiempos legislativos hicieron imposible salvarla antes de la fecha límite.

Este escenario abre interrogantes sobre cómo se garantizará la continuidad de los programas sociales y quién asumirá sus funciones en adelante.

El cierre de esta cartera no solo marca el fin de una de las apuestas institucionales del Gobierno, sino que también deja en evidencia los retos legales y administrativos que enfrenta la creación de nuevas entidades en el país.