Leyes absurdas como cárcel por mentir a un sacerdote serán eliminadas

Dicen que Colombia es el reino del absurdo, hay cosas que solo suceden aquí en el país del sagrado corazón de Jesús y del realismo mágico, también se dice que la ley es para los de ruana; nuestro país tiene tantas leyes que no solo no se utilizan, sino que provienen de siglos pasados y son totalmente absurdas.

Con la Constitución Política de 1991, se crearon nuevas leyes, que por consiguiente dejaron a otras sin vigencia, además las nuevas circunstancias que impuso la carta magna como la pluralidad y la libertad de cultos dejaron en el piso leyes obsoletas como la existente mediante el Decreto Legislativo 623 de 1955 que otorgaba entre 1 y 3 años de cárcel para quien afirmara una falsedad o callara la verdad ante un párroco.

Antes de finalizar el año, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para derogar más de 10.663 leyes y decretos que en pleno 2021 son obsoletos, que no corresponden con la realidad jurídica del país por absurdos, pero que siguen vigentes en la legislación nacional.

Le corresponde al presidente de la República sancionar esta ley y eliminar estas leyes antiguas, algunas de las cuales no solo son absurdas sino verdaderamente ridículas como la de la prohibición de importar ciudadanos chinos para el trabajo en los ferrocarriles, ley del año 1887 y que no se acomoda a las realidades del país y del mundo moderno.

Otra de las tantas leyes que serán eliminadas tiene que ver con la obligatoriedad de llamar o referirse al presidente de la nación como excelencia o excelentísimo, ley del año 1905 cuando el conservador Rafael Reyes Prieto se desempeñaba como el primer mandatario de los colombianos.

La lista es bastante larga y compuesta por decretos y leyes que no se acomodan a la realidad, una ley de 1916 y dirigida a los borrachos habituales los condenaba con la pérdida de la ciudadanía por su amor hacia la botella de licor, actualmente la pérdida de la ciudadanía solo se produce cuando una persona renuncia a ella.

El decreto 124 de 1954 sancionaba con multas económicas a todas aquellas personas que realizaran actos de adivinación, interpretaran sueños o pronosticaran situaciones con fines lucrativos, dichas personas se atenían a multas de 100 a 500 pesos, esto se producía en tiempos en los que Colombia era una nación muy religiosa y este tipo de situaciones iban en contravía con los principios católicos.

Si bien estas leyes absurdas aún vigentes no se tenían en cuenta en muchos años, es necesario eliminarlas del panorama legal y los colombianos creen que dentro de ellas debería incluirse el aumento salarial para los congresistas en plena época de crisis económica de gran parte de ciudadanos por cuenta de la crisis de la pandemia del Covid-19.