Matrícula cero para el próximo semestre no garantiza la gratuidad de la educación superior

Dicen que una golondrina no hace verano, eso parece ser lo que sucede con la manifestación del presidente Iván Duque al afirmar que el próximo semestre el 97% de los estudiantes de educación superior pública tendrán matrícula cero.

Este anuncio ha sido entendido por muchos colombianos, especialmente por los estudiantes, como “paños de agua tibia” en medio de una situación dramática en materia de orden público, los estudiantes ya no comen cuento y prefieren ver “si de eso tan bueno sí dan tanto”, porque una cosa es el anuncio y otra que sea una realidad y que el mandatario haya hecho el anuncio únicamente con el fin de silenciar la protesta y de alguna manera lograr un retorno a la aparente normalidad.

En Colombia aparece la educación consagrada como un derecho fundamental pero la Corte Constitucional controvierte esto y apela a que es un Derecho Económico Social y Cultural DESC, por lo tanto, su prestación se sujeta al criterio de sostenibilidad fiscal, razón que podría no permitirle ver la luz debido al estado de la economía nacional y al déficit fiscal que se ha querido tapar con cuanta reforma se ha inventado.

Su condición de fundamental se aprueba en consenso para el caso de los niños porque vincula valores como el conocimiento, desarrollo de la personalidad y la igualdad.

El actual rector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, es un crítico de la educación superior en el país y considera que la educación es un objetivo de mediano plazo, que debe incidir en la definición de las prioridades presupuestales, por eso no es viable entender la educación como una garantía de acceso gratuito y cierto para todos.

La Corte Constitucional considera que el hecho de que la educación sea un derecho fundamental no implica que sea gratuita, pare este ente la educación debe reunir cuatro características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad y deben ser respetadas, protegidas y cumplidas por el estado.

Por el momento es importante que la gente comprenda que la gratuidad no es una tarea fácil, además la pregunta es cómo se va a financiar con un gobierno buscando a toda costa salir de la crisis económica y su principal problema viene desde su concepción legal, esta debe aclararse, desarrollarse y adaptarse para evitar que la promesa de educación gratuita lleve al colapso económico del estado.

Para Luz María Sánchez, investigadora de DeJusticia, “La obligación de accesibilidad del estado colombiano en materia educativa consiste en implantar de forma preferente la gratuidad de la educación primaria, y a partir de ese mínimo, avanzar progresivamente en ese sentido en relación con la educación secundaria y superior”.

Es importante aclarar que el beneficio de la gratuidad se realiza por la emergencia de la COVID-19 y está amparado con recursos del Fondo Solidario de la Educación, este beneficio por ahora es temporal, pero el presidente, junto con la ministra de Educación, prometieron revisar si a partir del próximo año puede convertirse en política de estado.