Por parranda vallenata en cárcel de Itagüí, ministro de Justicia ofrece disculpas ¿sonaron desafinadas?

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quiere que sus excusas hagan más ruido que la caja, el acordeón y la voz de Nelson Velázquez y su parranda vallenata en la cárcel del municipio de Itagüí en Antioquia.

No sonó bien

Las cárceles nacionales vuelven a estar en el ojo del huracán, o quizás en el oído de sus internos, puesto que, al parecer, presos de enorme poder hacen y deshacen al interior de estos establecimientos sin que nada pase. 

El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo se disculpó ante la opinión pública por la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí y aseguró que reconoce que lo ocurrido allí es de enorme gravedad.

"Aprovecho la oportunidad para rechazar este tipo de eventos. No tiene por qué pasar y no puede pasar, digamos, es penoso y ofrezco en el nombre del gobierno y del ministerio, pues, excusas al país", indicó Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia. 

Desafinada intención de paz

En momentos en los que se lleva a cabo un espacio de negociación del gobierno nacional con diferentes organizaciones criminales que operan en el Valle de Aburrá, más conocidas como ´combos´, este concierto vallenato en una cárcel hace oír desafinadas todas las intenciones del gobierno, debido a que quiénes presuntamente imponen las condiciones son las agrupaciones armadas ilegales. 

Las investigaciones sobre la parranda vallenata indican que esta se produjo debido al régimen especial de visitas que tienen los 23 negociadores los días miércoles, haciendo que fallaran los filtros y se permitiera el ingreso de licor y comida. Un asunto que el ministro de Justicia asegura es producto de la corrupción de la guardia penitenciaria del INPEC.

Luego de este concierto de música vallenata, el gobierno decidió no hacerle los coros a las negociaciones y por ahora se encuentran silenciadas, así lo confirmó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, mientras se realizan todas las investigaciones. 

La suspensión de las órdenes de captura contra 23 cabecillas de organizaciones criminales en Medellín y el valle de Aburrá generó gran revuelo en el país, especialmente porque la fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró no tener conocimiento de que varias de estas personas miembros de combos contaban con condenas por la ley y decidió reactivar las órdenes de captura a 16 de ellos.

Estas negociaciones del gobierno nacional son consideradas como el último esfuerzo para evitar que la política de paz total muera, no obstante, desde la oposición política se considera esto como una jugada electoral.