Procuraduría formuló pliego de cargos a funcionarios por contrato de MinTIC

Por presuntas irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de aporte 1043 del 18 diciembre de 2020, celebrado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FonTIC, Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y la Unión Temporal (UT) Centros Poblados, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos e inicio de procedimiento verbal disciplinario a los siguientes funcionarios del MinTIC y de la UT descrita:

- Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general MinTIC.

- Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC.

- Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC.

- Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020.

- Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato en mención.

Para el Ministerio Público, Meza Consuegra tendría responsabilidad disciplinaria por participar en la etapa precontractual de la licitación pública desconociendo los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal.

Por su parte, Carlos Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura del MinTIC y supervisor del contrato, quien tenía a cargo la estructuración de los estudios previos y pliego de condiciones del proceso contractual en cuestión, aparentemente permitió que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor.

En el caso de Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de gestión contractual del MinTIC, había incurrido en irregularidades en la etapa precontractual al desconocer los principios de selección objetiva, economía y responsabilidad.

Para Duque Torres, representante de la UT Centros Poblados Colombia 2020, el Ministerio Público ha indicado que, presuntamente, falsificó las garantías bancarias por él suscritas y presentadas para amparar el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el cumplimiento general del contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

Finalmente, para Paola Andrea Izquierdo Rivera, vinculada al proceso en su condición de representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria al no haber verificado ni validado el cumplimiento de los requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario del 26 de marzo del 2021, en el que se dio aprobación para que el contratista utilizara los recursos.

Lo anterior fue expresado en el documento publicado por la Procuraduría General de la Nación en el trámite que se adelanta por el contrato del Ministerio de las Tecnologías de las Informaciones y Telecomunicaciones con Centros Poblados.

El lugar y fecha de la instalación de la audiencia se programará por parte de la Procuraduría Delegada de Juzgamiento, lo cual se comunicará oportunamente a las personas vinculadas con el proceso, según data su comunicado. Además, podrán asistir con un defensor de confianza en conformidad con lo establecido en el Código Disciplinario, artículo 177 de la Ley 734 de 2002.