El drástico plan con el que cobrarán más en la factura de luz a quienes gasten energía de más en Colombia

En medio de la alerta nacional que ha generado la llegada del Fenómeno de El Niño, y ante las preocupaciones por la estabilidad del sistema eléctrico del país, se dio a conocer que el Gobierno avanza en la implementación de un programa orientado a incentivar el ahorro de energía entre los ciudadanos y reducir la presión sobre la demanda de electricidad en el país.

La iniciativa, que ha sido descrita como una estrategia para prevenir riesgos de desabastecimiento y fortalecer la confiabilidad del sistema, contempla mecanismos para que los ciudadanos se animen a reducir su consumo de energía. 

La premisa de este programa es sencilla: quienes logren disminuir su gasto de electricidad podrían recibir beneficios económicos, mientras que aquellos que mantengan o incrementen significativamente su consumo podrían enfrentarse a multas en sus facturas de energía.

¿De cuánto sería la multa por sobrepasar el consumo energía

Aunque aún no es una medida en desarrollo, se adelanta que las empresas que prestan el servicio de energía a nivel nacional establecerán la meta de consumo de cada hogar basándose en los registros del último año. 

Si un hogar consume más de 10% por encima del valor establecido tendrá que pagar una tarifa adicional por cada kilovatio extra. El castigo no será igual para todo el mundo: las tarifas se encarecerán más para los estratos 4, 5 y 6 que para los hogares en estratos 1, 2 y 3. 

Sin embargo, quienes más van a pagar sobreprecios son los usuarios industriales o comerciales, a los que les pueden cobrar hasta el doble por kilovatio cuando superen su meta de consumo en un 40%.

Incentivos por ahorrar energía

Por otro lado se encuentran los usuarios ahorradores, quienes ingresarían en una especia de torneo. Para participar deben ahorrar más de 10% frente a su meta de consumo y entre más ahorren más posibilidades tienen de recibir un descuento en su factura.

El desarrollo de la iniciativa aún se encuentra en etapa de definición, por lo que las autoridades deberán establecer los criterios específicos para determinar qué usuarios recibirían incentivos y cuáles podrían enfrentar cobros adicionales. 

Las entidades detallan que también está pendiente la reglamentación sobre la forma en que se medirá la reducción del consumo y los períodos de comparación que serán utilizados.