SAE recupera predio de $4.078 millones ligado al narcotráfico y lo entregará a proyecto social

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó en Cali un predio avaluado en más de 4.078 millones de pesos que estaba vinculado a un proceso judicial contra el narcotraficante Darío Echeverry Monsalve.

El inmueble, ubicado en el sector de Pance y con un área de 3.956 metros cuadrados, hacía parte de los bienes investigados dentro de procesos de extinción de dominio relacionados con narcotráfico. El predio se encontraba ocupado de forma irregular desde 2005.

"Este inmueble se encontraba ocupado de manera irregular desde 2005. La medida de embargo fue inscrita ese mismo año y, posteriormente, en 2018 se profirió la sentencia de extinción de dominio que hoy permite su recuperación”, aseguró Catalina Serrano, directora para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE.

Las investigaciones señalaron que Echeverry Monsalve habría liderado una organización dedicada al transporte de cocaína con base de operaciones en Tumaco, Nariño. En el marco del caso, la Fiscalía General de la Nación realizó allanamientos en Bogotá, Cali y Medellín como parte de las investigaciones sobre bienes vinculados a actividades ilícitas.

El caso también está relacionado con la Operación Milenio, “considerada una de las acciones internacionales más contundentes contra el narcotráfico a finales del siglo XX. La operación fue coordinada por agencias estadounidenses como la DEA y el FBI, con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia en 1999”, detalló la SAE.

El nuevo destino del predio

Tras recuperar el predio, la SAE anunció que el bien será entregado al Colectivo Justicia Racial, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos y al acompañamiento de comunidades.

La organización planea desarrollar en el lugar proyectos comunitarios y la creación de un museo de memoria que documente los impactos sociales y jurídicos de las políticas de drogas en diferentes comunidades del país.

“Este espacio se proyecta como un lugar para documentar las afectaciones que han tenido las políticas de drogas en muchas comunidades del país, un tema que históricamente ha estado poco investigado. Queremos que también sea un escenario para la memoria, el diálogo y la generación de oportunidades para las víctimas”, dijo Camila Mosquera, representante legal del Colectivo Justicia Racial.

Con esta decisión, la SAE busca que bienes provenientes de economías ilícitas sean transformados en espacios destinados a iniciativas sociales, de memoria y de fortalecimiento comunitario.