Mintrabajo radica solicitud de ilegalidad de paro judicial

El Ministerio de Asuntos Laborales tuvo que acudir ante este Alto Tribunal luego de que otros despachos judiciales no aceptaran los recursos para estudiar la legalidad del paro nacional promovido por Asonal Judicial.

La Procuraduría también se sumaría a esta solicitud, que se encuentra en manos de los magistrados de la Sala Laboral del máximo tribunal de la justicia ordinaria, quienes se encuentran contemplando la decisión de considerar ilegal el cese de actividades de la rama judicial.

Ningún tribunal aceptó solicitud de ilegalidad del paro judicial

El titular de la cartera laboral, Rafael Pardo, dijo hoy que su despacho, como autoridad competente para el efecto, ha intentado desde el jueves por la mañana radicar el documento en los tribunales de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla.

Sin embargo, la demanda "no fue recibida" en ninguno de estos tribunales, se lamentó el funcionario, quien indicó que, ante ello, el Gobierno la radicó ante la Procuraduría Delegada para Asuntos Judiciales en Cartagena, y le remitió copia a la Procuraduría General de la Nación en Bogotá.

El ministro del Trabajo explicó que la petición de ilegalidad de la huelga judicial tiene entre sus fundamentos una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificada en octubre de 2009.

En ella, el alto tribunal estableció que "el derecho de huelga no es absoluto, como lo ha reconocido la Corte Constitucional", dado que la Carta Magna "no lo garantiza en los servicios esenciales".

Unos 45.000 empleados y funcionarios de la Rama Judicial de Colombia entraron el pasado 11 de octubre en un paro indefinido para exigir al Gobierno que les reconozca una nivelación salarial que está ordenada por ley desde hace veinte años.

El cese de actividades fue convocado por la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), que no ha logrado llegar a un acuerdo con la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.

La deuda acumulada suma unos 758.000 millones de pesos (415,22 millones de dólares), que el Ejecutivo se ha propuesto cubrir en seis años, según la más reciente oferta de Correa a los huelguistas.

El plazo es el doble del que los huelguistas plantearon en un principio y que, según sus portavoces, están dispuestos a revisar. EFE