SIC investigará a funerarias por cobros irregulares durante la cuarentena

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, requirió a 86 funerarias a escala nacional para verificar las condiciones e información que se ha suministrado a los consumidores acerca de las modificaciones y restricciones en los costos en la prestación de los servicios funerarios, así como de los canales de atención, durante la cuarentena por el coronavirus.

Estas actuaciones se adelantan luego de que se conocieran denuncias presentadas sobre presuntas irregularidades en los servicios prestados por empresas de servicios funerarios, relacionadas con demoras en la prestación del servicio, deficiente manejo de la información brindada a familiares de personas fallecidas y cobros adicionales, aprovechando la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional a causa de la COVID-19.

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Además, se requirió a los prestadores de servicios funerarios para que informen sobre los procedimientos de bioseguridad implementados, en los casos relacionados con este peligroso virus. De acuerdo con la Guía GIPG08 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, los prestadores de servicios funerarios deben cumplir con las recomendaciones frente al manejo seguro, transporte y disposición de cadáveres infectados por la COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de contaminación.

Por último, esta autoridad verificará si, aduciendo las medidas de bioseguridad implementadas, se han realizado cobros adicionales a los inicialmente pactados antes en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, del 17 de marzo de 2020.

En caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores, como información engañosa o insuficiente, cláusulas abusivas, falta de calidad, idoneidad, seguridad u otra infracción en términos del Estatuto del Consumidor podrán imponerse multas hasta por 2 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir más de 196 mil millones de pesos. Asimismo, podrán imponerse multas hasta por 1.000 SMMLV (casi 981 millones de pesos) en caso de no responderse en término y de manera completa el requerimiento realizado por esta autoridad.

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