Llevan a la Fiscalía denuncia que cuestiona 4 millones de votos por Cepeda producto de constreñimiento electoral

La Fundación Misión Colombia Transparente presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la que sostiene que cerca de cuatro millones de votos obtenidos por Cepeda durante la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio habrían sido producto de presuntos casos de constreñimiento electoral ejercidos por organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país.

La denuncia fue revelada por el abogado Sergio Alzate, director de la fundación, durante una entrevista concedida a La FM, donde explicó que el análisis realizado por su organización concluyó que 3.949.159 sufragios presentarían indicios de haber sido influenciados mediante amenazas y mecanismos de control territorial.

Según indicó, el estudio se construyó a partir del análisis de bases de datos electorales, información sobre el conflicto armado y más de cuatro años de investigaciones adelantadas por la fundación en materia electoral.

Cabe recordar, que el dato oficial de la Registraduría Nacional de Colombia indica que Iván Cepeda Castro obtuvo 12.708.312 votos en la segunda vuelta.

Denuncia apunta a votaciones atípicas en zonas con presencia de grupos armados

De acuerdo con Alzate, el análisis permitió identificar incrementos inusuales en la votación de Cepeda entre la primera y la segunda vuelta presidencial, especialmente en municipios donde históricamente existe presencia de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos o economías asociadas a la minería ilegal.

El abogado aseguró que incluso desde abril recibió información sobre un supuesto plan para incrementar la participación electoral a favor del entonces candidato del Pacto Histórico.

"Había un ejercicio de distorsión en la segunda vuelta" para aumentar en un 5 % la votación, afirmó.

Entre los municipios que, según la denuncia, registraron los mayores incrementos se encuentran:

• Campamento (Antioquia): crecimiento del 401 %.
• Angostura (Antioquia): incremento del 241 %.
• Anorí (Antioquia): aumento del 202 %.
• Tumaco (Nariño): crecimiento del 83 %.
• Ricaurte (Nariño): incremento del 95 %.
• López de Micay (Cauca): aumento del 85 %.
• Remedios (Antioquia): crecimiento del 75 %.

Alzate sostuvo que estos comportamientos electorales coincidirían con territorios donde operan organizaciones armadas ilegales.

Señalan presuntas amenazas y presiones contra comunidades

El director de la fundación aseguró contar con testimonios, mensajes de texto y audios que, según afirmó, evidenciarían presuntas amenazas de integrantes de las antiguas FARC y del ELN para obligar a comunidades a votar por Cepeda.

Según su relato, el presunto constreñimiento habría incluido diferentes mecanismos de presión sobre la población.

Entre ellos mencionó:

• Amenazas directas contra habitantes.
• Control de carreteras y horarios de movilidad.
• Instalación de retenes y peajes ilegales.
• Exigencia de procesos de carnetización.
• Reuniones con Juntas de Acción Comunal para promover determinadas orientaciones de voto.

Asimismo, aseguró que líderes de la campaña de Abelardo de la Espriella habrían recibido exigencias económicas bajo amenazas.

"Les exigieron entre 40 y 50 millones de pesos, bajo amenazas de desplazamiento, pérdida de propiedades y represalias contra sus familias", afirmó.

El caso también será llevado ante organismos internacionales

Además de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación, Alzate anunció que la Fundación Misión Colombia Transparente acudirá a otras instancias internacionales para solicitar el análisis del caso.

Según explicó, la organización tiene previsto presentar la información ante:

• La Organización de los Estados Americanos (OEA).
• El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).
• La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El abogado sostuvo que, a juicio de la fundación, la actuación de grupos armados durante la segunda vuelta habría sido "sistemática y masiva" y afirmó que las autoridades deberán establecer si existieron responsabilidades penales derivadas de los hechos denunciados.

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades competentes no han informado decisiones sobre la apertura de una investigación formal derivada de esta denuncia, ni el senador Cepeda se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones formuladas por la Fundación Misión Colombia Transparente.