Auditorías del empalme destapan nuevas alertas sobre contratos del Gobierno Petro

El equipo de auditoría designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella para revisar la contratación pública y las decisiones administrativas del Gobierno de Gustavo Petro reportó la identificación de más de 170 posibles irregularidades en diferentes entidades del Estado. Parte de esos hallazgos ya fueron trasladados a los organismos competentes, mientras continúan las verificaciones sobre el resto de los expedientes.

Según información revelada por El Tiempo, las alertas abarcan contratos y actuaciones administrativas en entidades como la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Ecopetrol, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Invías y varias empresas del sector eléctrico.

Las auditorías comenzaron tras la suspensión del empalme

La revisión de los contratos se inició después de que se suspendiera el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el equipo del presidente electo.

A partir de ese momento, los auditores comenzaron a recopilar derechos de petición, documentos oficiales, reportes periodísticos y denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación pública.

Hasta ahora, diez casos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades, mientras el grupo de auditoría continúa analizando el resto de las actuaciones administrativas identificadas durante la revisión.

Así funciona el proceso de verificación

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el equipo cruza la información disponible en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) con investigaciones periodísticas y otros elementos que puedan evidenciar posibles inconsistencias.

El procedimiento contempla varias etapas antes de presentar cualquier denuncia:

• Revisión documental y recopilación de pruebas.
• Análisis técnico de cada expediente.
• Concepto emitido por el auditor forense.
• Evaluación jurídica del caso.
• Presentación de denuncias penales, disciplinarias o fiscales, cuando haya mérito.

Según el informe, Carlos Sánchez, auditor forense del equipo de empalme, es quien emite el concepto técnico sobre cada proceso antes de que los expedientes pasen al grupo jurídico encargado de acudir ante los organismos de control.

Convenio entre la SAE y la ANT figura entre las principales alertas

Uno de los casos que concentra la atención del equipo auditor está relacionado con la política de compra de tierras promovida por el Gobierno nacional.

La revisión apunta a un convenio celebrado entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el que, según la información publicada, existirían posibles irregularidades en la adquisición de predios que, en numerosos casos, no aparecerían formalmente titulados a nombre del Estado.

Las fuentes consultadas por el diario señalaron que la preocupación no se limita a un eventual impacto patrimonial.

También existirían dudas sobre la seguridad jurídica de algunos predios que ya habrían sido entregados a campesinos, debido a que continuarían sujetos a medidas cautelares dentro de procesos judiciales y eventualmente podrían regresar a sus antiguos propietarios si así lo determinan los jueces.

Ecopetrol, Cenit e ICBF también aparecen en las revisiones

Entre los expedientes analizados también figura un contrato relacionado con Cenit, filial de Ecopetrol.

Según la denuncia citada por el diario, el contrato, superior a 21.108 millones de pesos, fue adjudicado a la firma Gesycobro S.A.S., decisión que el equipo auditor considera debe ser revisada por las autoridades competentes.

Otro de los casos involucra al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

De acuerdo con la información publicada, el equipo del presidente electo sostiene que Roa habría continuado participando en juntas directivas y utilizando vehículos oficiales e incluso aeronaves de la compañía mientras se encontraba en licencia, tras la imputación de cargos en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias.

Las auditorías también incluyen un contrato del ICBF con un hospital intervenido en el departamento del Chocó, destinado a la atención de niños, niñas y mujeres gestantes con problemas de desnutrición. Ese expediente ya había sido objeto de una queja disciplinaria presentada por el equipo de De La Espriella.

Adicionalmente, las revisiones alcanzan contratos de Invías, empresas electrificadoras y actuaciones de la Vicepresidencia Jurídica, donde, según las fuentes consultadas por el medio, algunos procesos contractuales habrían sido direccionados.

Funcionarios del Gobierno habrían entregado información

Otro de los aspectos revelados por El Tiempo es que parte de la información utilizada en estas auditorías habría sido suministrada por funcionarios del propio Gobierno Petro.

Según las fuentes citadas, varios servidores públicos decidieron aportar documentos y datos relacionados con presuntos hechos de corrupción que habrían conocido durante su permanencia en distintas entidades estatales.

Esa información hace parte de los expedientes que actualmente analiza el equipo del presidente electo y que, de encontrar mérito suficiente, serán remitidos a los organismos de control para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen si existieron responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales.