Gobierno Nacional insiste en quitar facultad de la Procuraduría de sancionar funcionarios

Uno de los propósitos a los que no renuncia el Gobierno Nacional es el de restarle facultades a la Procuraduría General de la Nación, y a pesar de que ya lo intentó una vez sin éxito, sigue en su empeño para que a través de una reforma política esto se pueda hacer realidad.

El Consejo Superior de Política Criminal (CSPC), órgano encargado de hacer revisiones al proyecto y asesorar al Gobierno Nacional, ya dio su visto bueno y ahora el siguiente paso es el de radicarlo, pero antes de ello el documento que contiene el articulado tuvo que ser ajustado ante varias recomendaciones hechas.

Uno de los puntos de controversia del presidente Gustavo Petro con los alcances de las decisiones de la Procuraduría tienen que ver con la experiencia que atravesó por una determinación del ente, porque fue destituido por este organismo cuando se desempeñaba como alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá.

Gustavo Petro denunció su destitución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque consideró que el entonces procurador Alejandro Ordoñez, en cabeza de la institución no contaba con las facultades para destituir a un funcionario elegido por medio del voto popular.

Petro en contra de sanciones de la Procuraduría a alcaldes

El hoy mandatario nacional fue beneficiado con un fallo de la CIDH que le dio la razón y que obligó a una compensación y a su reinstalación como alcalde de la capital, desde entonces Gustavo Petro se ha enfrentado con la Procuraduría cuando ha tomado decisiones similares que lo afectaron a él, es el caso de Daniel Quintero, alcalde Medellín, y William Dau, alcalde de Cartagena de Indias.

En el proyecto liderado por el Ministerio de Justicia, el Gobierno Nacional quiere que se le quite la facultad a la Procuraduría de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular y que haya una sincronización con las determinaciones que en este aspecto tiene la CIDH, pues una cosa es la resolución del organismo judicial internacional, y otra la de la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional permite que la Procuraduría continúe sancionando a alcaldes, gobernadores, congresistas y demás funcionarios elegidos mediante voto popular hasta que el Consejo de Estado revise el asunto y tome una decisión definitiva.

Esta reforma a la Procuraduría también se pretende extender a la Contraloría General de la República, limitando también su poder sancionatorio frente a funcionarios de elección popular.

Las reacciones por parte de la oposición se han presentado contrarias desde el mismo momento en que se dio a conocer la propuesta porque se considera que esta medida fomenta la impunidad frente a hechos de corrupción y diversas irregularidades protagonizados por gobernantes en el país.