Procuraduría pide a la Corte tumbar el decreto de emergencia económica en La Guajira emitido por Petro

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se fue en contra del decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, señalando que el accionar del presidente Petro es inconstitucional, razón por la que solicitó a la Corte Constitucional que este sea ‘tumbado’.

Según expuso la jefe del Ministerio Público, el decreto de Petro declara una emergencia con base en hechos que “no son sobrevinientes” y pueden ser atendidos por medio de los mecanismos ordinarios que ya existen en el ordenamiento jurídico. 

“Resulta inadmisible la pretensión del Presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia, desestimando las medidas a su alcance dispuestas por el legislador, las instancias técnicas del Ejecutivo y la Corte Constitucional para atender en el corto, mediano y largo plazo la situación estructural que afecta al departamento”, aseveró Cabello.

La Procuradora General sostuvo que, si bien no se desconoce la gravedad de la crisis de acceso y cubertura de servicios básicos vitales en La Guajira, “se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno nacional”. 

Así mimo, agregó que para superar la crisis social y económica que se enfrenta en el departamento, el Gobierno está en mora de acatar las órdenes de atención en favor de la población emitidas por la Corte Constitucional en el trámite de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira. 

“También debe implementar eficazmente la política pública diseñada para responder a las dificultades crónicas que afectan la región y acudir a las medidas especiales para la gestión del riesgo, calamidades y desastres por factores climáticos contenidas en la ley que regula esa materia (Ley 1523 de 2021)”. 

Finalmente, indicó que el Ministerio Público no desconoce la grave situación en La Guajira, solo que su existencia no es emergente y requiere una solución por las vías normales previstas en la Carta Política.