Sandra Ortiz queda en libertad en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD

Un juez de Bogotá ordenó este lunes 11 de mayo la libertad inmediata de la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, quien fue procesada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según se dio a conocer, la decisión fue tomada por el Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías, que concluyó que en el proceso se configuró un vencimiento de términos debido a que transcurrieron más de 240 días sin que iniciara formalmente el juicio oral contra la exfuncionaria. 

Según el despacho judicial, desde la radicación del escrito de acusación habían pasado 329 días, superando ampliamente los tiempos establecidos por la ley. “El término está ampliamente superado”, señaló el juez durante la audiencia al conceder la solicitud presentada por la defensa de Sandra Ortiz. 

Durante la audiencia, la Fiscalía se opuso a la libertad de la ex asesora y aseguró que varias demoras en el proceso fueron producto de supuestas “maniobras dilatorias” por parte de la defensa. Sin embargo, el juez consideró que los términos legales sí estaban vencidos y ordenó expedir la boleta de libertad inmediata. 

Sandra Ortiz permanecía privada de la libertad desde diciembre de 2024 en las instalaciones de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.
Cabe destacar que, pese a recuperar la libertad, Sandra Ortiz continuará vinculada al proceso judicial y deberá seguir compareciendo ante las autoridades mientras avanza la investigación.

Cargos contra Sandra Ortiz 

La Fiscalía General de la Nación señala a la exfuncionaria del Gobierno Petro de haber actuado como intermediaria en la entrega de millonarios sobornos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, en medio del entramado de corrupción que sacudió a la UNGRD hace un par de años.

De acuerdo con las revelaciones del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, los pagos ilegales buscaban asegurar respaldo político a reformas impulsadas por el Gobierno nacional en el Congreso. 

La Fiscalía sostiene que Ortiz habría participado en la entrega de aproximadamente 3.000 millones de pesos a Iván Name, mientras que Andrés Calle habría recibido cerca de 1.000 millones de pesos. Por estos hechos, la exfuncionaria enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.