JEP imputa al general (r) Mario Montoya y ocho militares más por 130 'falsos positivos' en Antioquia

A título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad, la JEP imputó al general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, quien es acusado de presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate", así como de ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados.

Según detalló el tribunal, la decisión adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, contra el excomandante del Ejército Nacional, se da por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos cuando el oficial fue comandante de la IV Brigada, con sede en Medellín, entre el 2002 y el 2003.

“Montoya mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las Farc-EP y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza”, expone la JEP.

La Sala determinó que el general Montoya presionó a los miembros de las unidades militares adscritas a la IV Brigada, midiéndolos, comparándolos e intimidándolos, para que produjeran bajas a toda costa. Empleó constantemente, cuando se dirigía a sus subordinados, un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal y rechazó el reporte de capturas, y otros resultados operacionales distintos de las bajas.

Por estos mismos crímenes fueron imputados los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES) y retirados del Ejército Nacional.

Un patrón macrocriminal y tres modalidades

La Sala de Reconocimiento se centró en el Batallón de Infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), que concentra el 80% de los crímenes y fue la unidad militar con jurisdicción sobre los municipios del oriente antioqueño. 

Este porcentaje supera significativamente los números de otras unidades dentro de la IV Brigada.
La JEP documentó un patrón macrocriminal: asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por miembros de la IV Brigada.

La primera de las tres modalidades indica que las víctimas fueron sacadas de sus casas, sus trabajos o fueron interceptadas en los transportes y vías públicas luego de ser señaladas como guerrilleros, milicianos o auxiliadores de la guerrilla.

La segunda modalidad corresponde al engaño de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para ser trasladadas al lugar donde serían asesinadas para ser presentadas como bajas en combate.

La tercera modalidad documentada por la JEP es el asesinato y desaparición de personas protegidas por el DIH que estaban puestas fuera de combate.

Según reveló la entidad, Antioquia concentra el mayor número de casos registrados en el Universo Provisional de Hechos del Caso 03. De las 6.402 víctimas identificadas por la JEP entre 2002 y 2008, 1.613 (25,19%) ocurrieron en este departamento.