Petro sanciona la Ley de Jurisdicción Agraria: justicia especializada para el campo

El presidente Gustavo Petro sancionó la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, una norma que busca mejorar el acceso a la justicia en el campo y resolver conflictos de tierras de manera más rápida y especializada.

La firma se dio durante un evento en el que también se entregaron 3.600 hectáreas a familias campesinas afectadas por la emergencia climática en Córdoba y se anunció la recuperación de zonas en las ciénagas del Bajo Sinú.

Durante su intervención, el mandatario destacó que la nueva norma ya entró en vigencia y permitirá que los conflictos en el campo se resuelvan por vías legales y no por la violencia.

“Cuando haya conflictos entre el grande y el pequeño, no sea el machete sangriento, no sea la sierra eléctrica ensangrentada, no sea el camino de la solución, que sean los jueces, que sean los magistrados, que sea la justicia que rápidamente dirima el conflicto de cercas, el límite, que sea una justicia al servicio del pueblo, no del poderoso”, señaló.

La Jurisdicción Agraria y Rural hace parte de los compromisos del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y fue tramitada a través del Proyecto de Ley 157 de 2023 (Senado) y 360 de 2024 (Cámara), en desarrollo del Acto Legislativo o reforma constitucional 03 de 2023. Su objetivo es garantizar que campesinos, comunidades étnicas y productores rurales puedan acceder a un sistema judicial más cercano y especializado.

El proceso incluyó la aprobación del Congreso en 2024 y la revisión de la Corte Constitucional en 2025, que avaló la mayor parte del contenido de la ley.

¿Qué cambia con esta Ley Agraria?

La norma crea una estructura judicial enfocada en los conflictos del campo. Entre sus principales puntos están la creación de:

• Juzgados y tribunales agrarios en todo el país 
• Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural, que brindarán soporte pericial y acompañamiento especializado.
• Facilitadores agrarios y rurales que orientarán a la ciudadanía en el acceso a la justicia en asuntos de tierras.
• Procesos de selección por méritos, que priorizan conocimientos en derechos fundamentales campesinos, enfoques étnicos, de género y territoriales.

Lo que falta para su implementación

Aunque la ley ya fue sancionada, su puesta en marcha será progresiva. Aún quedan pasos clave, como la aprobación de una ley ordinaria que defina los procedimientos agrarios, la creación de juzgados en distintas regiones y la asignación de recursos para su funcionamiento.

Además, será necesario poner en marcha equipos técnicos y facilitadores que permitan a las comunidades acceder de forma efectiva a esta jurisdicción.

Desde el Gobierno aseguran que esta nueva jurisdicción es uno de los avances más importantes en materia de justicia en las últimas décadas, ya que busca llevar soluciones reales a los territorios donde históricamente han existido conflictos por la tierra.