Fiscal General niega que María del Pilar Hurtado sea víctima de persecución política

María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS que espera recibir asilo en Panamá, afronta cargos por delitos comunes y no políticos, notificó este viernes el fiscal general interino, Guillermo Mendoza.

"Aquí no estamos hablando de delitos políticos, estamos hablando de delitos comunes", aclaró Mendoza al aludir a los hechos por los cuales la Fiscalía General decidió procesar a Hurtado, que el jueves solicitó ser acogida como asilada en Ciudad de Panamá.

Como otros funcionarios y ex funcionarios del DAS, la abogada Hurtado afronta un proceso por concierto para delinquir, abuso de función pública, violación de comunicaciones y prevaricación.

Los cargos se derivaron de las llamadas “chuzadas” por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, que depende de la presidencia de la República y del que Hurtado fue directora de agosto de 2007 a octubre de 2008.

La jurista llegó a dicho cargo por designación del entonces presidente Álvaro Uribe, que afronta una investigación preliminar en la Cámara de Representantes por su posible responsabilidad en las escuchas y seguimientos del DAS.

El fiscal Mendoza rechazó que Hurtado sea víctima de una persecución política, como parece ser el argumento en el que basó su petición de asilo, del que informó previamente en Bogotá el embajador de Panamá en Colombia, Ricardo Anguizola.

"Es que la rama Judicial no tiene ninguna posibilidad de hacer persecución política de ninguna manera", dijo el funcionario durante una conferencia con la prensa.

"¿Cómo puede atribuirse a la Rama Judicial, en general, tomar partido político contra alguien o por una ideología determinada, si nuestro marco es la ley?", se preguntó Mendoza, para añadir que "la verdad es que no entiendo ese razonamiento, si es eso lo que (Hurtado) ha expuesto".

El fiscal dijo que el proceso contra la directora del DAS no sufrirá tropiezos por el hecho de que ella esté fuera del país, e indicó que, en el caso de que se sea afectada con una medida de detención, la autoridad judicial puede echar mano hasta de la figura de extradición.