Cejil pide respaldo ratificación de condena a Plazas

La organización de derechos humanos considera "inapropiadas" las declaraciones que hizo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en pasado miércoles durante un acto gubernamental en la ciudad de Cali (suroeste), en el que rechazó que el Ejército deba pedir perdón por este caso, como pide el fallo judicial.

"El progreso de Colombia en estos últimos años, se debe, entre otras, al Ejército, y ponerlo en la picota pública a que pida perdón, más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto, en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados", dijo el mandatario.

El Cejil, representante de las víctimas, considera que estas "desafortunadas" declaraciones, podrían interpretarse como un "cuestionamiento" a la responsabilidad penal de Plazas Vega, determinada ya por dos tribunales, y a la obligación de cumplir con las medidas de reparación ordenadas por el Tribunal.

Asimismo consideró que el apoyo al Ejército sin crítica alguna ante una sentencia condenatoria "podría entenderse como un aval a la impunidad frente a la responsabilidad de otras personas, incluidos otros miembros del Ejército, implicados en las violaciones a los derechos humanos".

Por ello, hizo un llamamiento a Santos y otros funcionarios colombianos para que "muestren su respeto incondicional al Estado de derecho" y su compromiso frente a las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado en cuanto al acatamiento de los fallos judiciales.

La ratificación de la sentencia es "un nuevo paso para combatir la impunidad que ha rodeado este caso por más de un cuarto de siglo, y un aporte del Poder Judicial al afianzamiento del Estado de derecho en Colombia", señaló en un comunicado Viviana Krsticevic, directora del Cejil.

El pasado 30 de enero el Tribunal Superior de Bogotá, ratificó la condena impuesta en junio de 2010 al coronel retirado, por su responsabilidad en al menos dos de una decena de desapariciones ocurridas después de que las fuerzas armadas recuperaran el control del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985, que había sido tomado un día antes por el ahora disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19).

Plazas Vega es la primera persona procesada por estos hechos cuya condena ha sido confirmada en segunda instancia. EFE