Se define la situación jurídica de 1.500 desmovilizados

Se trata de una iniciativa presentada por la exfiscal, Viviane Morales, quien consciente del pálido balance de justicia y paz –solo tres sentencias en más de siete años-, pidió una prórroga de norma.

La preocupación de Morales fue acogida por el Fiscal, Eduardo Montealegre, quien al asumir la dirección del órgano acusador manifestó que el país no se puede dar el lujo de que la Ley de Justicia y Paz fracase y por eso ha propuesto una reestructuración de la justicia transicional que ha sido criticada por su poca eficacia en materia verdad y reparación de las víctimas.

Para lograr este fin, el vicefiscal, Jorge Eduardo Perdomo, advirtió de la posibilidad de que el próximo año cerca de 1.500 desmovilizados recuperen la libertad tras cumplir el tiempo máximo que plantea la pena alternativa para quienes cometieron delitos atroces que es de ocho años. Por este motivo, se preguntó “si esas personas deben gozar de ese beneficio porque, si no es así, quienes están detenidos y tendrían que recuperar la libertad pondrían en duda lo que se denomina la confianza legítima del Estado”.

Por otro lado, existe la duda sobre la conveniencia de dejar en libertad a los paramilitares que no han cumplido con la premisa de reparar a las víctimas y contar la verdad del conflicto en el país. “La reparación integral debe darse antes de la sentencia y eso no ha sucedido, nos encontramos con versionados que dilatan los procesos, que no cuentan la verdad y tampoco reparan a las víctimas”.

Por una de estas dos caras: la de la reparación de las víctimas y el cumplimiento de los compromisos judiciales con quienes dejaron las armas, tendrá que decidirse el Congreso con la discusión de la ampliación de la ley 975 de justicia y paz.