Senado aprueba reforma que concede superpoderes a la Procuraduría General

La Plenaria del Senado de la República aprobó esta tarde en segundo debate la reforma al Código Disciplinario con lo cual se busca ajustar la legislación al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro.

Con 53 votos a favor contra nueve en contra, se logró aprobar una iniciativa que le entrega superpoderes a la Procuraduría General de la Nación al otorgarle funciones jurisdiccionales y de policía judicial, además se le confieren facultades al primer mandatario de la nación, el presidente de la República, para reformar para reformar la planta de personal de la entidad.

Cuando se lanzó la propuesta, la procuradora Margarita Cabello, indicó que esto no se trataba de un asunto de politiquería y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, consideró que la restructuración de la entidad no puede incluir la creación de más burocracia en su interior.

El coordinador ponente del proyecto, el senador Fabio Raúl Amín Saneme del Partido Liberal y miembro de una poderosa familia política del departamento de Córdoba, afirmó que con la ratificación del proyecto se evitará que miles de procesos queden en la impunidad.

“Si no aprobamos esta ley, se echan a la caneca cerca de 10.000 procesos disciplinarios adelantados contra alcaldes, gobernadores, concejales, congresistas, diputados. El país tuvo oportunidad de conocer que de no aprobarse la norma y entrando en vigencia la ley 1952 que es el Código General Disciplinario, se pierden competencias en cerca del 80% de los 13.000 procesos que adelanta la entidad”, indicó el senador Amín.

La oposición considera que este proyecto le da superpoderes a la Procuraduría y le permitiría a esta entidad perseguir políticamente a los opositores, Gustavo Petro, líder la Colombia Humana y principal figura de la oposición cree que con este proyecto se está incumpliendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también con el compromiso de adecuar la legislación a la Convención Americana.

Para la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano Correa, el proyecto es una burla al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y genera un gasto burocrático innecesario y multimillonario para un ente anacrónico, también considera que las facultades jurisdiccionales que tendrá la Procuraduría serán exorbitantes.