Unión Patriótica: un exterminio sistemático por el que fue condenado el Estado colombiano

La Unión Patriótica UP, es el ejemplo en el mundo de lo que significa exterminio político, una eliminación que no se registró en las urnas, fue una eliminación física, en donde casi cada uno de sus miembros fueron asesinados, algo que pocos países en el mundo pueden contar.

5.773 miembros de la UP fueron asesinados durante más de 35 años en un exterminio sistemático, y luego de 7 lustros manchados de sangre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos Cidh, condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica y la violación de derechos humanos contra sus integrantes.

La Unión Patriótica, cuyo proceso de fundación comenzó 1984 y se oficializó en 1985 en los Acuerdos de La Uribe en el Gobierno del conservador Belisario Betancur Cuartas que buscaba con diálogos con insurgentes alcanzar la paz, contó con miembros del Partido Comunista colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y desde su misma fundación tuvo que soportar el asesinato de sus miembros.

Casi 6.000 muertos de la UP hubo entre miembros y políticos con escaño, siendo los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, asesinado en 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado en 1990, algunos de los crímenes de figuras políticas más recordadas en el país.

“La Cidh declaró que Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del Partido Unión Patriótica, en un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes”, manifestó Ricardo Pérez, presidente de la CIdh.

El Estado colombiano solo había reconocido en 1993 a solo 219 víctimas de la UP, mientras que sus militantes denunciaban que para esa época el exterminio era de miles, sin embargo, el partido político solo encontró silencio a sus reclamos.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, indicó en un informe de 2022 que la cifra del exterminio a la UP fue de 5.773 personas, siendo sus victimarios grupos paramilitares, narcotraficantes, organismos de inteligencia del Estado y fuerzas pública.

Manuel Cepeda Vargas, padre del senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, fue asesinado en 1994 en el sector de Kennedy en Bogotá, el político de la UP, quien en el momento de su asesinato también era senador de la República, había denunciado en múltiples ocasiones ser víctima de amenazas de muerte que, finalmente se cumplieron.

La Cidh y el exterminio de la UP

La Cidh reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, gracias al trabajo que Iván Cepeda, su hijo, realizó a través de la ‘Fundación Manuel Cepeda Vargas’, y de la fundación Reiniciar, con las que también abogó por el esclarecimiento de la verdad sobre el exterminio de todo un partido político.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano en un plazo no mayor a dos años a que continúe y concluya las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes y establecer la verdad sobre los hechos, así como realizar la búsqueda de los desaparecidos por estos hechos para remover todos los obstáculos de impunidad.

El Estado colombiano deberá también realizar un acto público de reconocimiento y responsabilidad internacional y declarar un día nacional en conmemoración a las víctimas de la Unión Patriótica y efectuará actividades para su discusión, entre ellas en escuelas y colegios públicos.