Ley Antitrámites
ABC de la ley Antitrámites - Shutter Stock
Administración pública eficiente es mejor calidad de vida para los colombianos
Durante muchos años, Colombia se había convertido en una especie de paraíso de los trámites, cada uno de ellos era tedioso y muy largo, además de innecesario, esta situación lo único que fomentaba era la corrupción y la ineficiencia de las instituciones; sin dejar de evidenciar que no existía voluntad política para generar transparencia y favorece al ciudadano, la razón de ser de los beneficios que debe otorgar la completa protección de un estado comprometido.
Como un mecanismo, que con los años se torne eficiente, existe la Ley Antitrámites, una ley gubernamental cristalizada en el año 2012 y llevada a su consolidación en 2015, con esta ley, los colombianos han logrado la racionalización de 1.244 trámites, eliminando molestias y evitando la pérdida de tiempo, e incluso dinero.
Las ventajas que para los ciudadanos ha traído la Ley Antitrámites están basadas en la reducción de tiempo, entrega de menos documentos, la reducción de costos, la apertura de más centros de atención al ciudadano, instalación de calls centers, intercambio de bases datos y hasta el aprovechamiento de las tecnologías para el envío de requisitos en línea sin necesidad de desplazamientos, sin filas ni molestias.
Las determinaciones gubernamentales en la mejora de la atención al usuario y la implementación tecnológica, han permitido el favorecimiento de esta ley, que espera tener mayor cobertura y calidad con los años, haciendo que la tarea administrativa goce de credibilidad y deje en el pasado ese sinónimo de ineficiencia y burocracia que permaneció por muchos años.
La actual Ley Antitrámites se fundamenta en la Política Antitrámites consignada en el CONPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social en el año 2004, cuyos principios rectores son la racionalización, la estandarización y automatización de trámites, con el fin de evitar exigencias injustificadas a los colombianos, además de prohibir requisitos adicionales para el ejercicio de derechos o actividades que hayan sido reglamentadas de manera general por la ley.
Un estado eficaz y transparente en su gestión pública, son necesidades atendidas de la ciudadanía, que, en lugar de encontrar obstáculos, tiene a su disposición la solución a sus inconvenientes y la satisfacción de necesidades.
Las entidades públicas trabajan ahora con intercambio de información, lo cual hace que al usuario no se le traslade esta carga y permita hacer sus trámites sin complicaciones.
Con la Ley Antitrámites, la administración pública gana en eficiencia porque adquiere mayor agilidad en los procedimientos y mayor coordinación interinstitucional.
Con menos trámites la calidad de vida de los colombianos mejora, ya no más filas, tiempo invertido y tiempo perdido, menos costos, mayor agilidad y mejor atención.
