Crece riesgo de fraude electoral en capitales y no solo en zonas rurales

Capitales en la mira por riesgo de fraude electoral rumbo a 2026

Cuando se habla de amenazas contra las elecciones, la mirada suele enfocarse a municipios apartados donde existen grupos armados ilegales. Sin embargo, los más recientes que se ha expuesto de la Misión de Observación Electoral (MOE), la Defensoría del Pueblo y Asocapitales alertan que el riesgo de fraude electoral también se está viendo en escenarios urbanos, incluidos distintos centros de poder político del país.

De acuerdo con la MOE, 170 municipios tienen riesgo consolidado por la mezcla de violencia y posibles irregularidades en el proceso electoral. Esto significa cerca de 4,5 millones de votantes. El dato que más inquieta es el aumento del nivel extremo de riesgo, que aumentó frente a los comicios de 2022, lo que deja claro el deterioro en las condiciones de garantías democráticas.

Aunque la lupa histórica ha estado en zonas rurales, las capitales no están exentas. Bogotá figura en los mapas de riesgo alto tanto por factores de violencia como por posibles impactos al proceso electoral. En la ciudad se han evidenciado amenazas a líderes y hechos que podrían derivar en autocensura o reducción de la actividad política en varias zonas.

En Quibdó y Cali también se presencian alertas altas, mientras que ciudades como Medellín, Santa Marta, Florencia y Arauca aparecen relacionadas a dinámicas regionales donde confluyen estructuras armadas y economías ilegales. En el Caribe, Cartagena y Barranquilla son mencionadas como puntos metropolitanos con fenómenos de presión indirecta al votante.

En Antioquia, la MOE informó que un número significativo de municipios tienen riesgo por fraude electoral, con comportamientos atípicos de participación, presión electoral prolongada y cambios inusuales en resultados históricos. Subregiones como el Bajo Cauca, Norte y Nordeste tienen las alertas más altas.

Desde Asocapitales se reitera en que las ciudades, por su concentración de instituciones y electores, se transforman en escenarios estratégicos donde pueden ocurrir intentos de manipulación del voto, presión armada y prácticas clientelistas. Por eso se ha pedido aumentar la seguridad y las comisiones de seguimiento electoral para mejorar la coordinación entre autoridades nacionales y locales.

El mensaje de los organismos de control es contundente: el desafío no es solo garantizar seguridad en territorios rurales, sino cuidar también las capitales frente a cualquier forma de fraude o coacción que pueda dañar la transparencia y la libertad del voto en 2026.