Destituidos 30 militares por violación de Derechos Humanos

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución a treinta militares, entre ellos un oficial, dos suboficiales y 27 soldados por su participación en la privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio de dos personas. Según el Ministerio Público, los uniformados simularon un combate y dieron de baja a dos jóvenes a quienes señalaron como subversivos. Los hechos se presentaron en marzo de 1997 en la vía que de Santa Ana conduce a Galilea, departamento de Antioquia, por miembros del Ejército.

La determinación hecha cobija al Teniente Emilio Suárez Caicedo, al Sargento Segundo Edgar Quiroga Munevar y al Cabo Segundo Luis Hernando Romero Vásquez.

Igualmente los soldados profesionales Juan Antonio Acevedo Guerra, Jairo Apache Apache, Jesús Antonio Montoya Bustamante, Over Cano Palacio, Adolfo de Jesús Castaño García, Carlos Emilio Chates ®, Rigoberto de Jesús Ciro López ®, Armando Córdoba Zamora, David Pedro Pablo, Javier Dávila Sierra ®,Freddy de Jesús Ibáñez Díaz ®, Juan Carlos Díez Mercado ®, Fabio Adolfo Duarte Monroy, Whidman Echavarría Valderrama ®, Antonio Flórez ®, Edgar Mauricio García ®, Luis Nevardo Guarín Serna, Jhon Freddy López Montaño, Noé Páez Saavedra, Yaír Alexander Rendón Peláez, Pablo Javier Rengifo David ®, Lisandro Rueda Guisao, Nilson Hurtado Torres ®, Miguel Jovannis Yanes Cervantes, Jaime Yolis Correa, Angelino Yujo Caniche y Edwin Zapata Granda, quienes se encontraban bajo las órdenes de los mencionados comandantes.

Según la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, los uniformados son responsables en la retención ilegal de Norbey Alfonso Idárraga Arias y Manuel Lopera Gallego, quienes fueron interceptados en marzo de 1997 en la vía que de Santa Ana conduce a Galilea (Antioquia) por miembros del Ejército.

Según las denuncias, los jóvenes salieron en la mañana del casco urbano de Granada para viajar a Medellín, con el objetivo de encontrar empleo, en ese transe, fueron capturados sin ninguna orden judicial por los uniformados que durante el día, los maltrató física y verbalmente, para finalmente, darles muerte hacia las ocho de la noche, simulando un enfrentamiento con subversivos.

Para el Ministerio Público, esta falta es de gravedad, teniendo en cuenta que la retención ilegal, las torturas y el homicidio, así como la obstaculización de las investigaciones, son faltas que se encuentran tipificadas en la normatividad disciplinaria, y por eso se impone la sanción respectiva, con base en la legislación con la que venían siendo investigados.

El fallo señala que a los militares se les halló responsables de crear un escenario para hacer creer a las autoridades que habrían de abordar las investigaciones, que los señores Idárraga y Lopera Gallego eran unos subversivos o alzados en armas a quienes se les dio de baja en desarrollo de un combate.

Se evidenció, además, que hubo cambio de ropa civil por uniformes de la Fuerza Publica.