Alcaldes: entre la espada y la pared

La crítica situación que viven los alcaldes colombianos no termina. A las renuncias de seis mandatarios en el departamento del Huila la semana anterior, se sumas las de 18 más en el Caquetá. Las fuertes presiones por parte de los grupos al margen de la ley, son las causas por la que se corre el riesgo de que en dichos lugares la presencia estatal sea prácticamente nula. Las Farc por su parte hicieron saber al Gobierno Nacional que ejercerán el dominio político y militar en 900 municipios del país, a través de las vías de hecho.

Según la Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios, la situación de gobernabilidad en el sur del país, especialmente en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo es grave. Ante ésto, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Militares y autoridades del Gobierno Nacional trabajan en darle una solución al problema.

En lo corrido del año, ocho alcaldes han sido asesinados, el último de ellos fue el mandatario del municipio de Solita en el departamento del Caquetá, Luis Carlos Caro. Con este homicidio ya son 51 los burgomaestres muertos en los últimos cuatro años.

A esta situación se le agrega que más de 25 alcaldes del país han tenido que hacer sus despachos desde otros lugares, muy diferentes a sus municipios.

Es así como la semana anterior, los seis alcaldes que presentaron sus renuncias ante la Gobernación del Huila, se reunieron con el ministro del Interior, Armando Estrada Villa y los Altos Mandos Militares, con el fin de hallar alternativas que permitan la seguridad de los mandatarios en sus lugares de gobierno.

Tras los encuentros, el director de la cartera de Asuntos
Constitucionales dijo que no hay que permitir este tipo de acciones que calificó como “abusivas”, y sobre las que se tomarán medidas de carácter político.

Estrada Villa les planteó garantías a los mandatarios, a cambio de mantenerse en sus puestos. “Hemos concebido unas medidas de carácter global y de políticas frente a la comunidad internacional, policivas y militares”, dijo. Aún así, los mandatarios se sostienen en sus renuncias.

La primera, medidas internacionales, acudir a la solidaridad de los países amigos para que entiendan el problema que se vive en el país, donde se ataca a la democracia colombiana al exigir de “manera abusiva” la renuncia de los alcaldes.

En segundo lugar están las medidas políticas: “expresar nuestra amplia solidaridad y respaldo para con los alcaldes que han sido amenazados y poner en práctica medidas de carácter militar, policivo que les brinde mayor seguridad, facilitándoles equipos para que puedan mejorar sus condiciones de defensa, tales como vehículos y sistemas de comunicaciones”, comentó Estrada Villa. La protección irá dirigida no sólo a los burgomaestres, sino a sus familias.

El ministro descartó la posibilidad de designar alcaldes militares y anunció que se aumentará el pie de fuerza en los lugares donde las amenazas son más fuertes, como en los departamentos de Caquetá, Huila y Putumayo.

Fedemunicipios, por su parte, le propuso al Gobierno “puentes aéreos” entre los municipios y las capitales de departamento, para garantizar protección durante los desplazamientos y disminuir al máximo la utilización de las vías terrestres. De esta forma se le permitiría a los mandatarios viajar sin mayores riesgos, cuando necesiten adelantar gestiones ante las gobernaciones y otras entidades. Está propuesta está siendo estudiada por el Gobierno.

Cabe destacar que la cifra de alcaldes amenazados puede aumentar, pues según Fedemunicipios, hay mandatarios que no han podido desplazarse de sus lugares y efectuar las respectivas denuncias.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación hicieron llegar sus voces de apoyo a los alcaldes, y anunciaron refuerzos de seguridad para ellos, especialmente a los pertenecientes al sur del país.

El Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, comentó que en todos los municipios colombianos habrá autoridades civiles, administrativas, judiciales y en algunos casos, alcaldes a distancia.

Por otro lado, de los 1.098 municipios que hay en el país, la guerrilla de las Farc quieren imponer el control político y militar en 900 por la vía de hecho. Así se lo hicieron saber a los alcaldes del sur del país.

Pero la amenaza no va dirigida sólo a los alcaldes de los municipios; diputados, concejales, personeros, jueces, fiscales y demás funcionarios públicos también han sido víctimas de ello.

Por ésto, hasta el momento en los tres principales departamentos afectados, se han trasladado 16 despachos judiciales y en dichas localidades, no sesionan los concejos y los despachos públicos no atienden.

Para el ministro del Interior, esta es una estrategia de las Farc, “que busca hacer que el Estado desaparezca en estos territorios, pero no lo vamos a permitir, los vamos a enfrentar. Vamos a darles garantías y seguridades para que puedan mantener la presencia del Estado". puntualizó.