Procuraduría avaló el decreto de Conmoción Interior

El procurador General de la Nación, Edgardo Maya, realizó un detallado análisis de las causas por las que el presidente Álvaro Uribe apeló a la figura de Conmoción Interior y no sólo avaló el decreto 1837 de 2002 que la reglamenta, sino que le pidió a la Corte Constitucional declararlo exequible. La decisión se tomó, sobre la base de la existencia de una situación anormal de orden público. Maya dijo que el Gobierno está en la obligación de enviar el decreto a la Corte para el examen correspondiente.

Y es que según el funcionario, el ataque directo a la población civil con armas no convencionales requiere de medidas extraordinarias e inmediata que protejan a los colombianos, quienes en la actualidad, son los que más sufren los rigores de las acciones de los grupos ilegales armados.

La pronunciación del procurador Maya Villazón se da semanas después de que el ministro del Interior, Fernando Londoño asegurara públicamente que la promulgación del estado de Conmoción es un hecho político y que no era necesario hacerle control constitucional. Por esta razón, el concepto del ministerio público inicia analizando la razón por la que la Corte Constitucional sí es competente para decidir sobre la exequibilidad o no de la norma. Y le pide que reitere su competencia para conocer no sólo de forma sino de fondo las medidas. De paso, le dice al Gobierno que está en la obligación de enviar inmediatamente el decreto a la Corte para el examen correspondiente.

En cuanto a las motivaciones para el estado de excepción, no hubo reparos, toda vez que el Procurador advierte sobre el incremento de la crisis de la situación de inseguridad del país, la que consideró justificada para fundamentar los cinco decretos de conmoción expedidos en vigencia de la Constitución de 1991. “Sin temor a equivocación, era imperioso para el Presidente de la República, como responsable de garantizar el orden público, apelar a los recursos y procedimientos excepcionales y expeditos, propios del estado de Conmoción a fin de salvaguardar el sistema mismo, agobiado por una situación de crisis que amenaza con no tener retorno a la normalidad por mucho tiempo”, señala uno de los apartes del concepto.

En relación con la multiplicación de la actividad de las organizaciones al margen de la ley en la comisión de delitos de lesa humanidad como los mencionados por el Gobierno nacional y la amenaza a las autoridades políticas regionales, el Procurador considera que sin lugar a dudas ellas configuran un estado de anormalidad insostenible, en la medida en que coloca a la sociedad entera, tal como lo manifiesta el Gobierno, frente a su “disolución”. El Procurador califica la permanente amenaza y presión de la guerrilla contra los centros de poder como “actividad devastadora y atroz" y agrega que "va conduciendo de manera acelerada a la disolución del tejido social, cual es la eliminación física y masiva de quienes la conforman”.