Human Rights hace fuertes críticas a Fiscal General

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, dio a conocer este viernes el informe anual en Derechos Humanos. El documento de este año hace fuertes referencias en contra de la Fiscalía General de la Nación, en especial al fiscal general, Luis Camilo Osorio.

Entre los meses de junio y julio de este año, Human Rights Watch realizó una misión de dos semanas a Colombia para investigar si la Unidad Nacional de Derechos Humanos (creada en 1995) mantenía el progreso en casos de derechos humanos bajo la administración del Fiscal General Luis Camilo Osorio.

Dice el informe de 15 páginas que se entrevistaron a 16 ex fiscales y fiscales en servicio activo, investigadores del CTI y altos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército, algunos de ellos pidieron mantener su anonimato por temor a su seguridad personal y laboral.

Según Human Rights, y basándose en entrevistas hechas al Fiscal Luis Camilo Osorio, el mensaje que éste ha transmitido ha sido el de “no se metan con los militares”, pues más de una docena de funcionarios y exfuncionarios judiciales en servicio activo, aseguraron que dichas declaraciones dejan claro que no serían bien recibidos los esfuerzos por pedir cuentas a altos oficiales acusados por abusos en derechos humanos, así como los de paramilitarismo.

“Human Rights Human Rights Watch considera que todas las partes en conflicto en Colombia deben estar sujetas a un procesamiento agresivo e imparcial por los crímenes que cometan. Pero teniendo en cuenta la crucial importancia de-y las dificultades especiales asociadas con-procesar los abusos cometidos por las fuerzas armadas nacionales, está claro que estos casos justifican el tipo de atención sostenida para la que se creó la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Lamentablemente, al instar a la Unidad a que "iguale" su trabajo con más casos contra la guerrilla, el Fiscal General ha debilitado el mandato original de la Unidad” dice el informe.

Dice el documento que a la llegada del fiscal Osorio, se dio un proceso de despidos de fiscales que trabajaban en importantes casos, en especial los relacionados con derechos humanos.

Entre varios ejemplos de “irregularidades” presentadas en el desarrollo de procesos que tiene que ver especialmente con militares presuntamente asociados con paramilitares se cita el atentado contra el representante a la Cámara Wilson Borja.

“Luis Augusto Sepúlveda (despedido), un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Sepúlveda llevaba más de un año trabajando en un caso muy conocido relacionado con el intento de asesinato de un destacado líder sindical, Wilson Borja, ocurrido en diciembre de 2000. A través de una investigación exhaustiva, Sepúlveda recopiló pruebas comprometedoras, entre ellas los registros de llamadas de celular, que implicaban en el crimen a un mayor del ejército y a sicarios profesionales a sueldo de los paramilitares. Sepúlveda ordenó la detención del Mayor del Ejército César Maldonado y abrió una investigación formal contra él. Sin embargo, Sepúlveda fue despedido cuando estaba redactando la resolución de acusación”, contempla el informe.

En vista de las actuaciones del Fiscal Osorio que están sustentadas en entrevistas a implicados en las “irregularidades”, el Cuerpo Técnico de investigaciones, CTI, se ha visto también afectado: cuatro personas expertas de este equipo fuero despedidas. “Un ex funcionario del CTI, que pidió mantener el anonimato, dijo que estos despidos habían provocado ‘un cambio profundo y negativo. Implican que se está sustituyendo a profesionales experimentados por personas sin experiencia fácilmente manipulables. No veo ninguna muestra de que la cúpula de la Fiscalía General respalde la defensa de los derechos humanos’”.

Varios fiscales revelaron que el se les había ordenado consultar con el Fiscal General antes de proceder con cualquier casi contra oficiales militares “lo que supone una vulneración de la independencia que el derecho colombianos otorga a los fiscales para determinar el curso de las investigaciones”.

Fiscalía se defiende

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación hace su pronunciamiento respecto al informe anual de la Human Rights.

“La Unidad de Derechos Humanos ha tenido responsabilidad de investigar las actuaciones de personas organizaciones al margen de la ley, sean guerrilla, autodefensas, delincuencia o servidores del Estado que vulneren los derechos fundamentales, o cualquier responsable de la comisión de un delito”, dice el texto.

Respecto a las afirmaciones según las cuales se ha deteriorado la tarea investigativa por falta de apoyo a fiscales, ausencia de protección a éstos y despidos aclara que: “Se han conseguido recursos para fortalecer la seguridad de fiscales, investigadores, víctimas y testigos. El retiro de la institución de unos pocos fiscales ha respondido a renuncias voluntarias, en ningún caso presionados o forzados; de otros se prescindió porque sus actuaciones no fueron leales con la institución ni con las funciones señaladas en la ley, que afectó procesos de importancia.