Listo el Decreto con el que Petro regula los servicios públicos: Creg dice que puede ser inconstitucional

Es un hecho. En las últimas horas, se dio a conocer el decreto con el que el presidente Gustavo Petro asume la regulación de los servicios públicos en Colombia. El documento fue firmado por los ministros de Hacienda, Vivienda y Minas y Energía, y por Planeación Nacional.

El artículo 370 de la Constitución estable que: "Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los 'servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten", se lee en el documento.

El decreto establece que en desarrollo de lo anterior en el artículo 68 de la Ley 142, se estableció "Delegación de funciones presidenciales a las comisiones”. El Presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás a los que se refiere esta Ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas, en los términos de esta Ley. 

Asimismo señalan que las normas de esta Ley que se refieren a las comisiones de regulación se aplicarán si el Presidente resuelve delegar la función aludida: en caso contrario, el Presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las comisiones.

El decreto sería inconstitucional

Por su parte, desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, la decisión sigue estaría en contravía de la institucionalidad, así se lee en una carta de 29 páginas publicada por ‘Portafolio’. 

Para la entidad la regulación de los servicios no es solo la expedición del artículo 370 que cita el presidente Gustavo Petro para tomar el control de dichas funciones, pues la Creg enfatiza en la importancia de mantener la independencia técnica, no solo de las decisiones regulatorias, sino de todas las responsabilidades que ha definido la ley.

Dentro de su extensa misiva enfatizan en que gran parte de las inversiones que ha obtenido el sector se debe a la confianza en las instituciones, la cual se ha construido en los últimos 27 años que llevan ejerciendo. 

Solicitaron entonces que se “brinde la seguridad de que el sector se continuará desarrollando en un ambiente de intervención del Estado caracterizado por la expedición de reglas técnicamente justificadas y con visión de largo plazo, condición necesaria para vincular las nuevas inversiones que demanda el sector en el corto, mediano y largo plazo, sin afectar las siempre escasas finanzas públicas”.