Actualidad • ABR 27 / 2011
Se realiza traslado a la Picota de Juan David Ortega por AIS
La juez Johana Santamaría respaldó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y ordenó el traslado del exfuncionario a la penitenciaría La Picota de Bogotá.
La juez Johana Santamaría respaldó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y ordenó el traslado del exfuncionario a la penitenciaría La Picota de Bogotá.
La medida de aseguramiento en establecimiento carcelario dictada a en contra de Ortega obedece, según lo expresado por la juez durante la diligencia judicial, al papel determinante que jugó el asegurado en el cuantioso detrimento patrimonial del que fue objeto la Nación y específicamente el sector Agrícola, por cuenta del programa AIS del Ministerio de Agricultura.
La Juez afirmó en la audiencia que "es claro que el comportamiento atribuido a Juan David Ortega Arroyave es de notoria gravedad, bajo el entendido que en su condición de servidor público desconoció el deber de protección que se impone constitucionalmente para garantizar así los fines del Estado, entre ellos el servicio a la comunidad como es la prosperidad general y garantizar ante todo la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales".
E igualmente que la conducta del imputado "es un atentado contra la administración pública, a la confianza depositada en los funcionarios a partir de la cual la gravedad de la conducta surge evidente, dado que, se insiste, desconoció flagrantemente los principios que rige la celebración de contratos".
La Juez afirmó en la audiencia que "es claro que el comportamiento atribuido a Juan David Ortega Arroyave es de notoria gravedad, bajo el entendido que en su condición de servidor público desconoció el deber de protección que se impone constitucionalmente para garantizar así los fines del Estado, entre ellos el servicio a la comunidad como es la prosperidad general y garantizar ante todo la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales".
E igualmente que la conducta del imputado "es un atentado contra la administración pública, a la confianza depositada en los funcionarios a partir de la cual la gravedad de la conducta surge evidente, dado que, se insiste, desconoció flagrantemente los principios que rige la celebración de contratos".
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