El Magistrado Fierro se tomará tiempo para decidir futuro de Arias

Debido a la gran cantidad de pruebas presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, el  magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Fierro aplazó para el próximo 26 de julio la audiencia en la que se conocerá si emite o no medida de aseguramiento contra el exfuncionario por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Fierro informó que la cita judicial se programó para las tres de la tarde.
En su intervención, el abogado Jorge Aníbal Gómez, defensor del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, cuestionó los argumentos presentados por la Fiscalía General en contra de su cliente y aseguró que durante la ejecución del programa de AIS no se cometieron actos irregulares.

Como "pruebas amañadas, fraccionadas y obtenidas de manera ilegal" calificó el jurista la exposición de la fiscal Viviane Morales durante la audiencia de imputación de cargos en contra de Arias por los delitos de celebración indebida de contratos sin los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Gómez, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que en los contratos con el Instituto Interamericano para la Cooperación de la Agricultura (IICA) "siempre se han hecho de manera directa" por las anteriores administraciones del Ministerio de Agricultura.

Cuestionando así los señalamientos acerca del porqué su cliente se encuentra imputado ahora "si todo el mundo lo hacía y lo siguen haciendo, entonces por qué el señor exministro se encuentra aquí en esta silla".

El abogado manifestó además que las familias Dávila y Vives Lacouture "engañaron al Ministerio de Agricultura y al IICA" a la hora de solicitar multimillonarios subsidios para programas de riego y drenaje mediante proyectos falsos y amañados.

La posición de la Procuraduría
Ante el magistrado, el procurador segundo delegado para la actuación penal Eider Patiño Cabrera manifestó que la argumentación de la Fiscalía es suficiente para imponer la medida preventiva contra el exministro de Agricultura  por haber incurrido en graves fallas.

Según el delegado de la Procuraduría durante la ejecución del programa ministerial se cometieron fallas graves al adjudicar contratos de manera directa al IICA sin tener en cuenta un proceso licitatorio que la ley exige.

"Arias puede ser autor de delito de celebración de contratos sin los requisitos legales que le fue imputado la Fiscalía", precisó el procurador explicando el hecho de que el entonces Ministro de Agricultura era el responsable del control del programa así como de la elección de los contratistas.

Manifestó además que las pruebas presentadas por la Fiscalía permiten inferir que en los contratos con el IICA no se cumplieron los requisitos de apoyo para ciencia y tecnología que le eran exigidos para la ejecución del programa y la entrega de subsidios.

Contexto de la audiencia
La Fiscalía General de la Nación imputó los cargos de celebración de contratos sin requisitos legales y peculado contra Andrés Felipe Arias, dentro del escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Durante la audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal general, Viviane Morales, dijo que Andrés Felipe Arias utilizó Agro Ingreso Seguro como plataforma para lanzar su campaña presidencial en 2010.

Dijo que una de las pruebas fue la expedición de una cartilla del programa financiada por Colombia Cambió, que hacía parte de la campaña, pues en la parte inferior decía: ‘Andrés Felipe Arias, presidente’.

Morales Hoyos dijo que "para el doctor Andrés Felipe Arias era muy importante controlar AIS. Había razones personales y políticas para asumir el control del programa", aseguró.

Dijo que él aprovechó que varias personas como Juan Camilo Salazar pasaron primero como contratistas y luego llegaron incluso a ser viceministros, en el caso de Salazar, quien luego hacía el control al convenio con el IICA.

Aseguró que el ministro permitió la contratación directa con el IICA lo cual fue útil para tener el control del programa.

"Hay poderosas razones que nos permiten inferir la estrecha relación de confianza entre el exministro y el IICA", manifestó.

Aseguró que entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto funcionó la famosa "puerta giratoria", es decir, intercambio de funcionarios como Salazar.

De otra parte, Morales Hoyos dijo que "Andrés Felipe Arias ha inducido a otros imputados a obrar de manera reticente", tras revelar reuniones de Arias con varios detenidos en La Picota

Para sustentar la afirmación, la fiscal entregó el registro de visitas a la cárcel La Picota durante los últimos meses.

Explicó que Andrés Felipe Arias visitó a Oskar Schroeder en varias ocasiones.
"A juicio de la Fiscalía, la evidencia documental que se entrega en esta audiencia permite inferir que Andrés Felipe Arias todavía tiene un importante ascendente sobre Oskar Schroeder, Juan David Ortega y otros", indicó.

Dijo que dos de los Dávila afirmaron que Andrés Felipe Arias propuso que Valerie Domínguez grabara un video para cambiarle la imagen al programa.

Al pedir la medida de aseguramiento contra el exministro, la fiscal dijo que "la libertad de Andrés Felipe Arias es un peligro para la comunidad",

Señaló que "el delincuente de cuello blanco puede llegar a ser mucho más peligroso que el delincuente común. Los delitos cometidos por Andrés Felipe Arias menoscaban la democracia y el Estado de Derecho".

La fiscal general considera que en este caso Andrés Felipe Arias tiene que cumplir con una detención preventiva.

"Hubo lesión de bienes jurídicos importantes para todo el conglomerado", señaló

Así mismo, la fiscal dijo que Andrés Felipe Arias violó el principio de transparencia y economía, y el único que respeto fue el de celeridad.

Explicó que esa situación fue "bastante irregular" porque se muestra la directa injerencia en el procedimiento previo a la implementación del programa AIS. Señaló que el convenio se ejecutó dos meses antes de su suscripción.

En la imputación, la Fiscal dijo que el ministerio de Agricultura pago dos veces al IICA por dos contratos cuyo objeto era el mismo, con lo cual se incurrió en detrimento patrimonial.

Sostuvo que "el exministro Arias tenía en sus manos la dirección y el control de Agro Ingreso Seguro".

"El doctor Arias como ministro de Agricultura sostenía reuniones llamadas comité de gabinete donde se manejaba el tema de Agro Ingreso Seguro que se adelantaban todos los lunes", indicó.

"Dadas sus funciones como ministro, la asignación de responsabilidades a partir de las reuniones del comité de gabinete, es clara su participación en el diseño y construcción del programa", manifestó.

La fiscal general dijo que hubo una celebración indebida de convenios por parte del exministro Andrés Felipe Arias, sin el cumplimiento de requisitos legales.

"La Fiscalía ha obtenido elementos materiales y evidencias físicas que indican que Andrés Felipe Arias infringió la ley penal en la ejecución de esos convenios", advirtió Viviane Morales.

Sostuvo que el ex ministro disfrazó el contrato que otorgo subsidios no reembolsables y lo señaló de haber lesionado el interés general y violado la ley de contratación además del principio de transparencia.

Al igual que la Procuraduría, la Fiscalía considera que Arias violó la ley al no haber emprendido un proceso de licitación para efectuar la contratación con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria.

La propia fiscal general le imputa al ex ministro Arias los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, y además solicitará que el ex funcionario sea detenido.

Por estos mismos hechos son procesados el ex viceministro de agricultura Juan Camilo Salazar, el ex secretario general Juan David Ortega, la ex directora de comercio y financiamiento Camila Reyes del Toro, y a los ex jefes jurídicos del Ministerio de Agricultura Tulia Eugenia Méndez y Oskar August Schroeder.

Estos cinco exfuncionarios de la cartera de agricultura se encuentran en etapa preparatoria de juicio y actualmente Camila Reyes del Toro y Tulia Eugenia Méndez gozan de detención domiciliaria, mientras que los otros tres permanecen en la cárcel La Picota de Bogotá.