El desafío legal continúa: Alberto Fujimori enfrenta otro juicio tras su reciente liberación

En una audiencia judicial que comenzó este lunes, la Fiscalía de Perú ha ratificado su pedido de prisión de 25 años para el expresidente Alberto Fujimori, recientemente excarcelado por decisión del Tribunal Constitucional peruano. El caso se centra en la matanza de seis campesinos ocurrida en 1992 durante su gobierno, un episodio vinculado al grupo militar clandestino Colina.

Los campesinos, identificados como Jhon Calderón Ríos, César Rodríguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Pedro Agüero Rivera, Nieves Arias Velásquez y Felandro Castillo Manrique, fueron víctimas de asesinato y desaparición forzada en Pativilca, ubicado a casi 200 kilómetros al norte de Lima. La fiscal a cargo, Elsa Delgado, ha señalado que se trata de delitos de lesa humanidad, lo que impide que prescriban según las leyes internacionales.

La acusación sostiene que Fujimori, en calidad de presidente, elaboró una política para eliminar a presuntos terroristas, utilizando un esquema similar al de otras matanzas por las cuales ya fue condenado, como las ocurridas en La Cantuta y Barrios Altos.

Cabe destacar que la reciente excarcelación de Fujimori generó controversia, ya que estaba cumpliendo condena por las masacres mencionadas.

El Tribunal Constitucional peruano validó un indulto por razones humanitarias otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual había sido anulado previamente por decisiones judiciales.

En esta nueva fase judicial, Fujimori participó de la audiencia de forma remota, identificándose y proporcionando su domicilio, donde reside con su hija, la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

También estuvo presente de manera virtual su exasesor Vladimiro Montesinos, quien también enfrenta acusaciones en este caso.

El abogado de Fujimori, Elio Riera, presentó dos recursos a favor de su cliente: la excepción de naturaleza de acción, argumentando que los hechos no constituyen un delito, y la de cosa juzgada, alegando que ya se ha completado un proceso por los mismos hechos. Sin embargo, el abogado Christian Huaylinos, defensor de las víctimas, sugirió que estos recursos podrían ser tácticas dilatorias.

La audiencia judicial continuará el 4 de enero del próximo año, marcando un nuevo capítulo en el proceso legal que busca esclarecer los eventos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori.