Medidas extremas en Argentina: Gobierno de Milei impone consecuencias a protestantes por manifestaciones económicas

En una decisión histórica, el Gobierno liderado por Javier Milei en Argentina llevó a cabo una importante desregulación económica en la noche del miércoles 20 de diciembre, cumpliendo así con las promesas electorales que lo llevaron al poder. La izquierda kirchnerista, anticipando una serie de reformas económicas que transformarían el país, organizó diversas marchas como respuesta.

Sin embargo, las manifestaciones de protesta no resultaron como la izquierda había esperado. A pesar de que se observó una multitud de individuos expresando su descontento hacia el nuevo gobierno, la participación fue escasa y las protestas resultaron en gran medida infructuosas. La mayoría de los manifestantes optaron por marchar por las aceras, en conformidad con la reciente orden gubernamental que aconsejaba a la ciudadanía evitar bloquear las calles, bajo la amenaza de retirar planes sociales y otros subsidios a los desobedientes.

El Gobierno argentino no se detuvo allí. Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció el viernes 22 de diciembre que los manifestantes que participaron en la primera marcha en Buenos Aires deberán asumir los costos en que incurrieron las fuerzas de seguridad para resguardar la protesta. El monto estimado del operativo, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad -Policía Federal, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería-, ascendió a 60 millones de pesos, aproximadamente 72.700 dólares al tipo de cambio oficial.

"Esta será la factura que se le pase a los movimientos sociales", afirmó Adorni, añadiendo que se intimará a los manifestantes para que asuman el gasto que no corresponde a la ciudadanía.

La primera protesta en Buenos Aires aplicó el "Protocolo de orden público", también conocido como "antipiquete", diseñado para prevenir los cortes de calles. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había advertido previamente que "las calles no se toman" y que habría consecuencias para aquellos que desobedecieran. Además, indicó que se enviaría la factura de los operativos de seguridad a las organizaciones o individuos responsables, y se retiraría el "plan social" a aquellos que cortaran la calle.

Las manifestaciones en el centro de Buenos Aires son comunes, con campamentos en la Plaza de Mayo y en la Avenida 9 de Julio. El Gobierno busca así establecer un nuevo tono, advirtiendo que habrá consecuencias claras para quienes desobedezcan las normativas y generando un cambio en la dinámica de las protestas en la capital argentina.