Rectora entregaba niños a paramilitares en Charalá, Santander

La Fiscalía tiene documentados cerca de 214 casos de menores que fueron reclutados por el Bloque Central Bolívar y sometidos a sus abusos entre los años 2000 y 2003. La ayudante que entregaba los menores era la rectora de un colegio en aquel entonces.

Cuando los medios de comunicación llegan a Charalá, Santander, todos sus habitantes optan por el rotundo silencio, pues no desean recordar lo terrible que son las heridas que dejó el paso de paramilitarismo en su pueblo. En su silencio reside el dolor y la esperanza de no ser recordados por todas las atrocidades que tuvieron que vivir.

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Existen testimonios de niños, ahora adultos, que cuentan la herida en la piel que ha dejado la guerra: “Un día salí del colegio, un tipo uniformado me salió al paso, me dijo que lo acompañara y en un salón del colegio me dijo que tenía que trabajar para ellos o no volvería a ver a mis padres. Me tocó hacer de todo y hoy tengo una herida mental que nunca se me va a quitar”.

Casos como este, de menores víctimas de violencia sexual, por primera vez se empiezan a documentar en la historia del país, un crimen de guerra que alcanzó los mayores niveles de impunidad y apenas comienza a tener sanciones por parte de la Fiscalía.

La Fiscalía dio con la captura de Lucila Inés Gutiérrez, una mujer que durante varios años se desempeñó como rectora del colegio de Nuestra Señora del Rosario, de Charalá (Santander), y ahora está señalada por la Fiscalía de ser quien facilitó el colegio para que sus estudiantes fueran utilizados objetos sexuales.

El ente acusador llegó a ella por las declaraciones que rindieron ex paramilitares ante un fiscal de Justicia y Paz. Los testimonios revelaron que la docente propició el reclutamiento forzado y ayudó para que las niñas fueran sometidas sexualmente por ellos. Los señalamientos también involucran a Luis Moreno, exconcejal y esposo de la docente, quien actualmente está detenido por otro proceso.

Según testimonios la pareja prestaban su casa para los encuentros, ya que sólo un muro separaba la vivienda del colegio. “Los paramilitares obligaban a los menores de edad a que los acompañaran en todo momento y abusaban de ellos cuando los emborrachaban o mediante amenazas de muerte. Nunca presentaron las denuncias debido a que la población era muy pequeña y temían por su vida”, dice uno de los apartes de la investigación de la Fiscalía que fue conocida por la Revista Semana.com.

Las acusaciones también los señalan de un homicidio. Según la Fiscalía, la pareja acusó a una persona del pueblo como colaborador de la guerrilla, por lo que fue asesinado por los paras.

“La víctima fue enterrada en un jardín del colegio y fue descubierta por lo estudiantes cuando una parte del cuerpo salió a la superficie. Los paramilitares fueron los encargados de desaparecerlo y de esto nunca tuvieron conocimiento las autoridades”, dice la Fiscalía.

Para los investigadores el plan de los paramilitares era uno solo, crear un nuevo frente armado ilegal con jóvenes, que podría operar en la frontera con Venezuela.

Los hallazgos de la Fiscalía indican que en los casi cuatro años que operó en paralelo el campo de instrucción militar con el colegio fueron reclutados por lo menos 214 menores de edad en Santander, de los cuales 70 pertenecían a Riachuelo, un pequeño corregimiento del municipio de Charalá.

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