Corrupción al descubierto: Funcionaria detenida en Popayán por 'cartel de la contratación’

La corrupción ha golpeado a la alcaldía de Popayán con la reciente captura de Fanny Amparo Dorado Dorado, una funcionaria de la Secretaría de Educación, quien, según la Fiscalía, formaba parte de una cadena corrupta con contratistas locales.

La investigación revela que Dorado filtró información privilegiada a los contratistas para darles una ventaja injusta en la licitación de contratos que sumaban más de 6.400 millones de pesos.

La imputación de cargos incluye a los contratistas Julián Armando Piñafiel Salazar, José Fernando Ordóñez Martínez, Rocío del Pilar Palacios Rubiano y Karen Dayán Garzón Gómez, todos acusados de delitos contra la administración pública.

La funcionaria, Fanny Amparo Dorado Dorado, tenía a su cargo la formulación, estructuración, supervisión y liquidación de proyectos en la Dirección de Calidad de la Secretaría de Educación.

Manejaba información reservada sobre las condiciones técnicas y financieras de los procesos contractuales en el sector educativo.

Según la Fiscalía, Dorado entregó información privilegiada a los contratistas a cambio de dinero, permitiéndoles anticiparse en la licitación y asegurarse contratos millonarios. Los contratos investigados, ejecutados entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, abarcaban la adquisición de insumos y elementos de bioseguridad por la emergencia sanitaria del COVID-19, suministro de calzado y vestuario, adquisición de mobiliario para instituciones educativas, dotación de uniformes y compra de electrodomésticos, entre otros.

Todos los implicados, incluyendo la funcionaria, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer. La Fiscalía logró la aceptación de medidas de aseguramiento por parte del juez.

Los hechos señalan que los contratos fueron objeto de modificaciones para aumentar su valor, y la investigación destaca la participación de la funcionaria en facilitar información confidencial a los contratistas para que ajustaran sus propuestas de manera fraudulenta. La corrupción en este caso ha generado preocupación en la comunidad y destaca la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia en los procesos contractuales gubernamentales.