La JEP abre macrocaso sobre violencia de género y violencia sexual en el marco del conflicto armado

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este miércoles la apertura del Macrocaso 11, sobre violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y otros crímenes por prejuicio, a través del cual se pondrá un foco especial en los elementos discriminatorios de estas violencias en las dinámicas del conflicto armado colombiano.

La Sala de Reconocimiento definió tres subcasos: el primero sobre violencia basada en género contra civiles cometidas por miembros de la antigua guerrilla de las FARC, el segundo sobre violencia basada en género contra civiles cometidos por miembros de la fuerza pública, y el tercero se denomina violencia de género y por prejuicio al interior de la fuerza pública y las extintas FARC.

Para la apertura de este nuevo macrocaso, la Sala ha tomado en consideración: 

1. Los mandatos que le asisten a la JEP de adoptar un enfoque diferencial e interseccional en la respuesta institucional a las violencias de género.
2. Las observaciones, consideraciones y propuestas presentadas por las víctimas, la sociedad civil, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión de Género de esta jurisdicción y, de manera especial, por las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gay, transgénero, queer y no binarias, en torno a la necesidad e importancia de un macrocaso que investigara de manera concentrada y específica estas conductas.
3. Los hallazgos de la fase de agrupación y concentración que se llevó a cabo en virtud del auto SRVR No. 103 de 2022.

De acuerdo a las cifras registradas por la JEP, en hechos ocurridos entre 1957 y 2016 se han registrado 35.178 víctimas por hechos de violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género y por prejuicio.

De ellas, el 89,2 % son mujeres y el 35 % sufrieron las violencias cuando eran niñas, niños y adolescentes. Aunque en el 78 % de los registros no se cuenta con datos sobre la pertenencia étnica de las víctimas, se cuenta con información sobre hechos cometidos contra personas negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, indígenas y del pueblo Rrom.

El análisis de estos hechos, también se estableció que el mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33%), seguido por las extintas Farc-EP (5,82%) y agentes del Estado (3,14 %). En el 30 % de los registros no se identifica el presunto actor armado responsable. 

Dada la magnitud del subregistro y los vacíos de información sobre los hechos a investigar, la Sala hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que amplíen sus informes y continúen acompañando a las víctimas que deseen participar en el proceso judicial.