Jóvenes en Suba confiesan que les pagan por hacer daño durante las manifestaciones

El día de ayer se presentaron disturbios y nuevamente enfrentamientos entre el Esmad y los denominados “encapuchados”, debido a que 30 jóvenes intentaron atacar el CAI de Jaboque, ubicado en la localidad de Engativá.

En medio de los disturbios, tres jóvenes fueron capturados, los cuales habrían confesado que reciben pagos para atacar a los uniformados y también por cometer daños contra Transmilenio.

Uno de los detenidos habría declarado que los contactaron por medio de redes sociales (tanto por Facebook, como Instagram) y que en su caso habría aceptado la oferta porque requería plata, además de considerar que de esta forma iba a cambiar el país. Los pagos, según manifestó, “los hacen por plataformas digitales, como Nequi”.

Pese a esta información, los detenidos no brindaron información de qué tipo de personas los contactan, es decir, desconocen si son bandas delincuenciales o grupos políticos los que están detrás del vandalismo durante las manifestaciones a lo largo del territorio nacional.

Las autoridades comentaron que tienen dos opciones para poder dar con los responsables de estos hechos. Dentro de las evidencias que han podido establecer hasta el momento se encuentran los grupos dedicados al microtráfico y por otro lado estarían los colectivos políticos.

Por su parte, el secretario de seguridad, Aníbal Fernández de Soto, comentó que “algunas de estas protestas están motivadas por actividades de narcotráfico y de economías ilícitas, pero también hay actividades informales que pueden verse beneficiadas con este tipo de hechos violentos”.

Además de esto, agregó que si las evidencias llegaran a demostrar que hay sectores políticos implicados en los casos o cualquier otro individuo que promueva o se encuentre financiando estas actividades, será capturado y llevado de forma inmediata a comparecer ante la justicia.

Desde la Policía de Bogotá se confirmó que se creó un grupo élite judicial para poder dar con el paradero de las personas u organizaciones que estén ayudando económicamente a que se promuevan grupos violentos que dañan la buena imagen de las personas que salen a manifestar en Colombia.