Confirman cartel del PAE en Bogotá y sancionan a 9 empresas con 28 mil millones de pesos

Luego de un proceso de investigación la Superintendencia de Industria y Comercio pudo establecer que existió un cartel del Plan de Alimentación Escolar en Bogotá, por lo que impuso millonarias sanciones a 9 empresas y 16 personas naturales.

Más de 28 mil millones de pesos tendrán que pagar quienes violaron la libre competencia y cartelizaron el Programa de Refrigerios Escolares (PREB) en Bogotá entre 2007 y 2017.

“La Superindustria pudo probar la existencia de un acuerdo entre AERODELICIAS, SERVICIAL, LA CAMPIÑA, CATALINSA, DISERAL, IBEASER, LIBER, SPRESS y SURCOLOMBIANA, cuya finalidad era eliminar la competencia en los procesos de selección contractual del PREB, en el periodo comprendido entre 2007 y 2017. A través de este acuerdo, los infractores se distribuyeron las adjudicaciones de las zonas en las que fue dividido el Distrito Capital de Bogotá para los procesos de selección del Programa de Refrigerios Escolares de la ciudad”, indicó la entidad.

También fue sancionada la Asociación colombiana de empresas proveedoras de alimentos (Asoproval) por desarrollar y aplicar un sistema que limitaba la libre competencia en los procesos de licitación del PAE. A esta le fue impuesta una multa de $34.697.652.

Lo que hicieron las empresas, que deben pagar $28.434.103.236 en total, fue dividirse las zonas de la ciudad para así no presentarse más de una a licitar y asegurar su contratación en dicha zona asignada. La dinámica fue ejecutada en 19 procesos de selección contractual. Cuando la Superintendencia, en medio de su investigación, descubrió que por zona llegaba un solo oferente, comprobó que se trataba de una cartelización.

“La competencia efectiva por las zonas del PREB fue la excepción y no la regla, como obliga la ley. Solamente en el 38,52% de las zonas se presentó más de una propuesta que implicaba un ejercicio de competencia por el mercado. Este porcentaje decreció al 25% al tenerse en cuenta exclusivamente la concurrencia de propuestas que fueron habilitadas para competir en cada zona”.

De acuerdo con esto, en el 75% de los casos no se presentó más de un oferente. La Superintendencia indicó también que cuando el Distrito quiso cambiar la forma de contratación, las 9 empresas se opusieron, usando recursos como tutelas, denuncias, con ASOPROVAL como vehículo. Esto significó para la investigación que la asociación era el centro de control de la cartelización.

Como las empresas implicadas establecían precios altos y solo se presentaba una a las licitaciones, el Estado tuvo que pagar más dinero del que costaría realmente la ejecución del programa de refrigerios, pues no había más empresas oferentes que generaran competencia porque el cartel del PAE así lo acordaba. Fueron 10 años en los que 16 personas naturales y 9 empresas cometieron estas irregularidades, por lo que las sanciones impuestas son altas, teniendo en cuenta todas las afectaciones que sufrió el Programa de Alimentación Escolar en Bogotá.

Las empresas fueron sancionadas por colusión en procesos de contratación pública, con multas desde 50 millones hasta 8 mil millones de pesos; y las personas naturales por haber ejecutado o tolerado dicha colusión, con multas desde 2 millones hasta 2 mil millones de pesos.