Las empresas que dan comida podrida a los niños en Colombia

El panorama alimenticio de los niños del las zonas costeras de Colombia es deprimente, frutas podridas, alimentos con materia fecal, utensilios sucios, porciones de comida mezquinas y una terrible salubridad, dan cuenta que las empresas que a continuación mencionaremos son merecedoras del título “Miserables.”

La Defensoría del Pueblo tras auditar el Programa estatal de Alimentación Escolar (PAE), en manos del Ministerio de Educación, en colegios de La Guajira, Atlántico y Chocó, dio con las empresas culpables de este nefasto acto.

La investigación penal será para estas cuatro empresas: Fungescol, Fundaenlace, Cooseheroica y Corporación Corazón País, las cuales se vienen ganando desde hace años jugosos contratos con entidades del orden local y nacional. 

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Fungescol, la acusan de darles comida descompuesta a niños de Unguía (Chocó) dentro de un contrato por 4.800 millones de pesos que firmó en abril con la gobernación. Esta le encomendó entregar raciones en 30 municipios, por 45 días, y se comprometió a darle una adición por 2.400 millones de pesos que ya está lista. Pero a la firma no cumplió.

Hace dos años desde Montería se trasladaron  para Turbo, Antioquia, en donde por segunda vez se ganan un contrato por 5.000 millones de pesos, con una adición por 2.000 millones de pesos. La primera vez que ganó el se lo entregó William Palacio, alcalde de Turbo capturado por nexos con ‘paras’.

Además se probó que las raciones no les llegaban a tiempo a los pequeños. Desde hace meses, la personera de Unguía, Yoelci Murillo, venía denunciado la precariedad de la alimentación sin ser oída.

Cabe resaltar que existe una mermelada pues el representante de Fungescol es Wilman Henry Bonilla Acosta, candidato al Concejo de Turbo en el 2004 por el Partido Liberal y amigo de varios políticos locales que aparecen referidos en sus redes sociales. Y el dueño es Hernán Calle Corrales, propietario de un hotel spa en Arboletes (Antioquia).

En la actualidad están en la mira de la Defensoría por un contrato de 12.871 millones de pesos, que fue firmado en febrero entre el Ministerio de Educación y la Unión Temporal Alimentar, para brindar complemento alimentario en colegios del Atlántico.

Fundaenlace tiene dos contratos vigentes con el ICBF por 1.900 millones de pesos. Y ambas firmas figuran en un informe de la Contraloría de Bucaramanga, que halló irregularidades en el contrato del PAE en esa ciudad, por 7.000 millones de pesos y ejecutado en el 2014.

El informe habla de supuesta falta de higiene en el almacenamiento de raciones escolares: “Se evidenció a través de registro fotográfico, heces de ratones en un lugar que previamente había sido usado para colocar canastillas con mercados”.

Mientras la Contraloría avanzaba en esa indagación, Cooseheroica se ganó otro contrato de alimentación escolar en la capital de Santander, esta vez por 9.000 millones de pesos.

La Defensoría encontró “frutas en proceso de descomposición y almacenamiento inadecuado de los alimentos para los niños”. Además, dice que las empleadas no están afiliadas al régimen contributivo ni a riesgos laborales.

El otro contratista cuestionado es la Corporación Corazón País, encargada del suministro de alimentos a colegios públicos en municipios de La Guajira.

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Su representante es María Jacquelín Pacheco Izquierdo, quien despacha desde Valledupar (Cesar). Tienen contratos con las regionales del ICBF en La Guajira, Arauca, Magdalena y Cesar. Este último fue firmado en diciembre de 2014 y vale 1.600 millones.

La Defensoría encontró demoras en la distribución de los alimentos para los niños de la Unidad Etnoeducativa Kalantainsumaná, en Manaure. Desde el 22 de junio, 180 pequeños estaban esperando sus raciones y pasaron 15 días sin que llegaran. “No hemos comido nada en la mañana, esperamos hasta las 12”, le dijo a la Defensoría un niño indígena.

Investigación del Diario El Tiempo.