Caso Drummond, una historia de muerte vinculada al paramilitarismo

El caso Drummond, como se conoce el proceso que se sigue en EE.UU. contra esa minera, se remonta a 2001, cuando los paramilitares, supuestamente apoyados por esa multinacional, iniciaron una campaña de terror y muerte, hechos sobre los que ahora piden cuentas al ex presidente Álvaro Uribe.

Los asesinatos en 2001 de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, quienes ejercían entonces como presidente y vicepresidente del sindicato de trabajadores de Drummond, que explota yacimientos de carbón en el departamento del Cesar, dieron la voz de alerta.

Desde aquella fecha y hasta que se desmovilizaron a partir de un proceso de paz propuesto por Uribe y que concluyó en 2006, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron a cerca de 70 personas en esa región colombiana.

Un grupo de 500 familiares de esas víctimas, convencidos de que Drummond apoyó y financió a los paramilitares, están representados desde entonces en Estados Unidos por la firma de abogados Conrad & Scherer, que interpuso una demanda contra la minera y el pasado 3 de noviembre notificó a Uribe que debía comparecer el lunes como testigo.

El ex presidente, quien no se presentó ayer a la citación del tribunal federal del distrito de Columbia, iba a ser preguntado si conoció aquellos hechos que se prolongaron durante los primeros años de su Gobierno.

El abogado Terry Colligsworth, representante de los familiares de las víctimas, explicó en una entrevista al programa Contravía, emitido el domingo por el Canal Uno, que el testimonio de Uribe era clave para esclarecer si el Gobierno formó parte de aquellas violaciones a los derechos humanos.

En concreto, Uribe iba a ser preguntado "por qué, si en el área del Cesar el Ejército estaba presente, las AUC podían estar trabajando en esa zona libremente", manifestó el abogado.

También sobre la supuesta complicidad del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con las AUC en la persecución a sindicalistas, así como de los presuntos cobros que recibió el ex asesor de Uribe Fabio Echeverri por parte de Drummond en aquellos años.

"Tenemos información de que Fabio Echeverri ha recibido pagos de Drummond y a cambio de eso Drummond ha recibido favores como protección del Ejército y derechos de minería", manifestó Colligsworth.

El letrado apeló así al derecho a conocer "por qué Drummond tuvo estos favores del Gobierno y por qué nadie de la compañía Drummond ha sido interrogado, arrestado o perseguido por su involucramiento con las AUC, las muertes de los sindicalistas y de ciudadanos colombianos".

La mayoría de aquellos crímenes hoy siguen en la impunidad, entre ellos los de varios funcionarios de la Fiscalía que viajaron hasta el Cesar para investigar los crímenes.

Lo poco esclarecido corresponde a las confesiones del ex paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", quien tras ser extraditado a Estados Unidos asumió su culpabilidad en el asesinato de los dos sindicalistas.

"Jorge 40", quien ejecutó los asesinatos cuando lideraba el Bloque Norte de las AUC aceptó su responsabilidad el pasado 11 de noviembre con el propósito de obtener beneficios legales, según dijo en aquel momento su abogado, Hernando Bocanegra.

Y en el juicio que se sigue en Colombia por la muerte de los sindicalistas, otro ex paramilitar, Alcides Matos (alias "Samario"), encarcelado en la prisión de Valledupar, capital del Cesar, afirmó que ejecutivos de Drummond estaban al tanto de la intención de asesinar a los dirigentes sindicales.

Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya fueron forzados por los paramilitares a salir de un autobús que los transportaba junto a otros trabajadores de la minera el 12 de marzo de 2001 en la zona rural de Bosconia, y después fueron asesinados a tiros.

El juicio por estas muertes se sigue en uno de los juzgados penales especializados creados en Colombia a partir de un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para investigar los homicidios de sindicalistas, y por ahora han sido condenados cinco ex paramilitares.

El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos y vinculado con el proceso, recordó este mismo mes que tan sólo un ejecutivo de Drummond en Colombia, Jaime Blanco Maya, ha sido detenido y vinculado de manera formal con la causa.

Cuando, agregó, el presidente en Colombia de la minera, Augusto Jiménez, y el gerente de relaciones con la comunidad, Alfredo Araujo, son "otros presuntos responsables" de esos homicidios.

Para el colectivo, "el plan para ejecutar a los sindicalistas implica a Gary Drummond, presidente de la multinacional, y a Jean Jakim, jefe de seguridad de la trasnacional". EFE