Abren causas a empresarios relacionados con contrataciones con el Grupo Nule

La Contraloría General anunció hoy que abrió 21 causas a empresarios y funcionarios relacionados con polémicas contrataciones con el Grupo Nule, cuyo desplome tiene en vilo no menos de un billón de pesos del Estado.

Las causas son " nueve procesos de responsabilidad fiscal y 12 actuaciones preliminares", precisó en un comunicado ese órgano de control de las cuentas públicas, que hace casi dos meses comenzó a intervenir en el colapso de dicho conglomerado familiar.

El Grupo Nule fue creado por los hermanos Manuel y Miguel Nule y su primo Guido Nule, y entró en una grave crisis que le impidió continuar y mantener cuantiosas contrataciones de obras públicas en Bogotá y otras regiones del país.

Varias de las catorce empresas de este conglomerado familiar han sido liquidadas por la Superintendencia de Sociedades, que investiga a otras nueve, en todos los casos por suspensión de pagos.

La contraloría explicó que sus acciones buscan "establecer la responsabilidad fiscal patrimonial de los funcionarios y contratistas responsables de los presuntos daños que pudieron haberse causado como consecuencia de las vicisitudes anormales que se verificaron en la contratación por parte de varias entidades estatales y las empresas del Grupo Nule".

Además de la apertura de estas causas, la entidad ha decretado "medidas cautelares de embargo respecto de los bienes de empresas contratistas y funcionarios".

Con ello se prevé "garantizar la efectividad de las eventuales condenas y el reintegro de los recursos públicos que pudieren haberse afectado indebidamente", continuó la Contraloría, que indicó que en esta crisis se han afectado el patrimonio público, la legalidad y la moralidad.

Por ello, agregó, se "ha iniciado una acción popular tendiente a establecer si con dichas conductas se han afectado intereses y derechos colectivos, para lo cual el juzgador ha de definir la procedencia del levantamiento del velo corporativo y la declaratoria de responsabilidad en cabeza de los demandados".

Esta querella popular no vincula a ninguna entidad estatal, pero sí a los funcionarios que "mediante sus acciones y omisiones propiciaron, toleraron o facilitaron la afectación del patrimonio público, para que respondan, si se establece su responsabilidad personal, con su patrimonio".